Mientras fungía como secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez emitió un acuerdo administrativo en el que aprobó el contrato por Q115 millones con la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. para limpiar el lago de Amatitlán.   La resolución fue decretada el 2 de marzo de este año por Martínez, sindicado de participar en una red de tráfico de influencias que se presume favoreció a la empresa de Jaguar Energy, por medio de su interferencia en la agenda de su suegro y presidente Otto Pérez Molina.   “Acuerda aprobar, bajo la estricta responsabilidad del titular –Edvin Ramos– de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA, sin perjuicio de la obligación de observar sin excepción los requisitos y procedimientos que de conformidad con legislación corresponden”, se estableció en el Artículo 1 del acuerdo firmado por Martínez.   Al ser cuestionado sobre la emisión