Mientras fungía como secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez emitió un acuerdo administrativo en el que aprobó el contrato por Q115 millones con la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. para limpiar el lago de Amatitlán.

La resolución fue decretada el 2 de marzo de este año por Martínez, sindicado de participar en una red de tráfico de influencias que se presume favoreció a la empresa de Jaguar Energy, por medio de su interferencia en la agenda de su suegro y presidente Otto Pérez Molina.

“Acuerda aprobar, bajo la estricta responsabilidad del titular –Edvin Ramos– de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA, sin perjuicio de la obligación de observar sin excepción los requisitos y procedimientos que de conformidad con legislación corresponden”, se estableció en el Artículo 1 del acuerdo firmado por Martínez.

Al ser cuestionado sobre la emisión de este acuerdo, respondió que “ahí –en el acuerdo– dice que es bajo estricta responsabilidad de la entidad, no sé qué parte no entiende”.

Un abogado, experto en asuntos administrativos, explicó que, como secretario general de la Presidencia, Martínez debió analizar que la empresa cumpliera con todos los requisitos para obtener el contrato. “Sus atribuciones son indelegables y no como pretende separarse de estas en el Artículo 1”.

Ramos y su abogada acudieron a la audiencia. No así la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

M. Tarcic Engineering Ltd. obtuvo dos contratos para limpiar el lago de Amatitlán. El primero fue por Q22.8 millones por crear una fórmula líquida y mejorar la calidad del lago. La otra adjudicación fue los Q115 millones, que serían utilizados para el servicio y rehabilitación de la cuenca con la fórmula elaborada por la compañía, esto en un plazo de tres años.

La Fiscalía de Delitos Ambientales estableció, por medio de estudios científicos, que la sustancia vertida en lago se trataba de agua con un gran porcentaje de sal. Además, esa unidad expuso que la empresa no presentó un Estudio de Impacto Ambiental sobre la aplicación de su fórmula.

JUEZA ORDENA EMBARGO

Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Instancia Penal de Villa Nueva, ordenó el embargo de todas la cuentas bancarias y dos vehículos que se encuentran registradas a nombre de la M. Tarcic Engineering Ltd.

El fallo obedeció a la solicitud realizada por la Procuraduría General de la Nación, a la cual se adhirió el Ministerio Público y los abogados de los denunciados en el caso, entre ellos Roxana Baldetti, quien no asistió a la audiencia, pues podría ser representada por su defensor.

El caso es investigado por la fiscalía que trabaja con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

SIMILAR A RODRÍGUEZ

El abogado consultado indicó que Gustavo Martínez, exsecretario general de la Presidencia, se encuentra en una situación similar a la de Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Seguro Social, ligado a proceso y en prisión preventiva por avalar un contrato de Q116 millones de esa institución.