En su informe El financiamiento de la política en Guatemala, presentado hoy por el comisionado internacional contra la impunidad, Iván Velásquez, resalta el hecho comprobado en la investigación que la mayor parte del financiamiento político proviene de estructuras criminales.

El documento elaborado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cita entre otros puntos que los informes que por mandato de ley los partidos envían al Tribunal Supremo Electoral (TSE), no consignan el nombre ni la cantidad del aporte que efectúan sus financistas.

Al respecto, el comisionado Velásquez ha destacado la participación de tres estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012): las de Gustavo Alejos, Gloria Torres y Obdulio Solórzano Montepeque.

En el caso de Alejos, ex secretario privado de la Presidencia, señaló que fue “el facilitador de negocios propios y ajenos”, porque empresas vinculadas a él se beneficiaron con contratos públicos, y su hermano y padre, respectivamente, fueron nominados para diputados por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En relación a Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, ex esposa del presidente Colom, el comisionado resaltó que su vínculo como cofundadora de la UNE le permitió relacionarse con los candidatos a jefes ediles y los alcaldes, y construyó un conjunto de entidades a través de las cuales recibía fondos de las municipalidades.

Fue investigada y acusada de lavado de dinero y estafa. La estructura es señalada de sostener relaciones con el grupo dedicado al narcotráfico en el suroccidente de Guatemala, liderado por Juan Ortiz Chamalé (extraditado a los Estados Unidos). Una nota de Insight Crime menciona que Chamalé sobornaba a Torres.

“En el entramado de corrupción construido en torno a Gloria Torres puede observarse, en primer lugar, el vínculo -probablemente mediado por el financiamiento- entre una estructura dedicada al narcotráfico con el nivel más alto de un partido político (adviértase que Gloria Torres era la secretaria de la organización de UNE)”, refirió el análisis de la CICIG.

De Solórzano puntualizó que es “presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno”.  Como financista de la UNE fue postulado y electo en 2003 diputado por Escuintla. Fue parte del Consejo Político de la UNE en 2005 y a principios del gobierno de Colom, nombrado director de FONAPAZ.  Su gestión al frente de esta entidad estuvo caracterizada por denuncias de corrupción, concretó.

También se enfatizó que “desde FONAPAZ, Solórzano benefició con contratos de obra pública y posiciones administrativas a la estructura del narcotraficante Ottoniel Turcios (extraditado a Estados Unidos en 2010). Una hija de Turcios, Lorena Turcios Ramírez, trabajó en el Programa Desarrollo Rural de las Verapaces (Prodever) de FONAPAZ, y en la empresa Deconor, S.A., del mismo grupo; fue beneficiada con la adjudicación de más de Q30 millones en obra pública. Solórzano renunció a FONAPAZ a mediados de 2009 y el 8 de julio de 2010 fue asesinado”, indicó el Comisionado.

Otra de las menciones de Velásquez es la de la candidatura de Eswin Jerson Javier Javier, conocido como “Tres Quiebres”, postulado como candidato a alcalde de Ipala, Chiquimula.

Velásquez citó este caso como particularmente ilustrativo, ya que se trata de un empresario que ha sido constructor de obra pública y posee un canal de cable.  El ex ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, lo vinculó en una entrevista de prensa con actividades de narcotráfico en el oriente del país.

El informe detalla que el caso de Javier Javier articula tres de los espacios de financiamiento ilícito: crimen organizado, construcción de obra pública y medios de comunicación locales.