En su informe El financiamiento de la política en Guatemala, presentado hoy por el comisionado internacional contra la impunidad, Iván Velásquez, resalta el hecho comprobado en la investigación que la mayor parte del financiamiento político proviene de estructuras criminales.   El documento elaborado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cita entre otros puntos que los informes que por mandato de ley los partidos envían al Tribunal Supremo Electoral (TSE), no consignan el nombre ni la cantidad del aporte que efectúan sus financistas.   Al respecto, el comisionado Velásquez ha destacado la participación de tres estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder durante el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012): las de Gustavo Alejos, Gloria Torres y Obdulio Solórzano Montepeque.   En el caso de Alejos, ex secretario privado de la Presidencia, señaló que fue “el facilitador de negocios propios y ajenos”, porque empresas