Por la existencia de evidencias de probable enriquecimiento ilícito, el magistrado Jaime Amílcar González, de la Sala Tercera Penal y pesquisidor en la tramitación de un antejuicio contra Carol Patricia Flores Polanco, jueza Primera A de Mayor Riesgo, ha sugerido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se le levante la inmunidad.

Hace menos de tres meses, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (MP/CICIG), solicitaron el antejuicio señalándola de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes por no presentar cada año su declaración jurada patrimonial.

Sin embargo, el informe del pesquisidor González tendrá que ser conocido por el pleno de los 13 magistrados de la CSJ, en cuyas manos está ahora levantarle la protección constitucional a efecto de que pueda ser investigada sobre los delitos que se le atribuyen haber cometido.

La investigación en torno a Flores Polanco surgió el año pasado como parte del proceso de verificación que, a solicitud de la Comisión de Postulación para magistrados de dicha Corte, se hizo en relación a todos los abogados que optaron a los cargos. Una de las interesadas fue precisamente ella.

Las dudas surgieron a raíz de la vivienda que la funcionaria habita en Residenciales Entre Bosques, de Santa Catarina Pinula, la que identificó como sitio para recibir notificaciones. Cada unidad del conjunto habitacional en el condominio estaría valuada en US$350 mil, según lo verificado por la CICIG y el MP.

Las dos instituciones fundamentaron sus sospechas del presunto enriquecimiento ilícito, en que los ingresos salariales de la jueza objeto de las pesquisas no coincidían con el lujo de la vivienda ni las modificaciones realizadas a la construcción comprada al propietario original.

En lo referente al incumplimiento de deberes, aparentemente Flores Polanco no habría actualizado su declaración patrimonial cada año en la Contraloría de Cuentas.

Aunque a media mañana la jueza Primera A de Mayor Riesgo no había sido notificada de lo concluido por el pesquisidor, se limitó a indicar a Emisoras Unidas que considera injusta la recomendación, por cuanto sí acreditó sus pruebas de descargo a fin de aclarar los señalamientos en su contra. Entre otros de trascendencia, la funcionaria ha diligenciado los casos penales de Efraín Ríos Montt, por genocidio; la muerte de siete campesinos en la cumbre de Alaska, y el de la desaparición y/o asesinato de Cristina Siekavizza Molina.