Varias organizaciones políticas solicitaron ayer al Congreso de la República que conozca de Urgencia Nacional la iniciativa de ley 49-74 presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Además, demandaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) que emita dictamen sobre la iniciativa “de forma inmediata, tomando en consideración la urgencia de su aprobación”.

La aplicación

En cuanto a si las reformas deberían aplicarse para este proceso electoral o no, Stephanie López, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), explicó que los miembros de las organizaciones no lograron llegar a un acuerdo al respecto.

Según Edgar Pereira, de la organización Demos, “el planteamiento es que se apruebe la reforma, las cosas van por etapas”. “Para este proceso electoral muy pocas cosas se podrían aplicar. Pero hay que señalar que esta propuesta del TSE fue apoyada por todos los sectores. Eso es inédito en el país”, recordó.

“La opinión de la ciudadanía es clara: en estas condiciones no queremos elecciones” , reiteró Alicia López, de la Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj).

La idea de deslegitimar el proceso si no se aprueban estas reformas también fue un tema central en la reunión de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, ayer en el Paraninfo Universitario. El grupo se juntó para debatir acerca de la reforma en manos del Legislativo, y de una posible segunda iniciativa de ley que presentarían por medio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Según Cristhians Castillo, miembro del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac, la prioridad en este momento es presionar al Congreso para que los diputados atiendan el reclamo ciudadano. Las reformas, según el grupo, deben tener vigencia en la actual contienda.

Con esta idea, una vez finalizada la reunión, decenas de participantes de la Plataforma marcharon en dirección al Palacio Legislativo para hacer ver su postura.

Incidente

Antes que comenzara la sesión, los representantes de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas no pudieron ingresar al pleno, ya que un “guardia parlamentario” les vedó la entrada. De acuerdo al PDH, Jorge de León Duque, el incidente se debió a una “mala decisión” y que su actuar fue un hecho aislado a las decisiones que toma la Comisión Permanente.