Gustavo Martínez Luna, exsecretario general de la Presidencia, arribó al Organismo Judicial no en calidad de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, como pretendió el pasado año, sino esposado y custodiado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).   Su captura fue una de las seis ejecutadas ayer durante distintos operativos coordinados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), realizados para desarticular una red que, según la investigación, benefició a dos empresas privadas y a un juez, por medio de la influencia que ejercía sobre varios funcionarios públicos.   Cuando era conducido a la sede judicial, Martínez negó conocer los señalamientos en su contra, pero afirmó estar dispuesto a afrontarlos. Según las investigaciones, desde su cargo benefició con diferentes favores a la compañía privada Jaguar Energy.   Mientras que los elementos de la PNC fichaban a Martínez, un hombre de