Gustavo Adolfo Martínez Luna, yerno de Otto Pérez Molina y hasta el 2 de junio pasado secretario general de la Presidencia, ha sido involucrado esta tarde por la Fiscalía General y la CICIG en una red de tráfico de influencias al más alto nivel, para servir intereses de terceros, incluidas empresas económicamente fuertes.

César Medina, supuesto líder en el #CasoRedes, ingresa a la Torre de Tribunales. @el_Periodico pic.twitter.com/u1GRQXOwG8

— José David López (@Davidck7) julio 9, 2015

La jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y el Comisionado Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, revelaron la implicación de un grupo de entonces altos funcionarios en el Ejecutivo y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), testaferros y compañías privadas.

Los acusados de diversos delitos son el entonces viceministro de Energía y Minas ­–y por pocos días ministro- Edwin Ramón Rodas Solares, Filadelfo Reyes Cáceres, exintendente de Aduanas, Lidia Lucrecia Roca Morales, jefa del Departamento de Normativas de la SAT, y Karin Paola Cancinos Muñoz, “prestanombre”.

Gustavo Martínez, Erwin Ramos y Filadelfo Reyes Cáceres en carceleta en el sótano de Tribunales tras captura. F:JLam pic.twitter.com/8e4NxTRrTe

— elPeriódico (@el_Periodico) julio 9, 2015

Sin embargo, uno de los principales sindicados es César Augusto Medina Farfán, identificado por los investigadores como el “operador” y contacto principal de la banda con Martínez Luna y el en esa época titular de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán –también procesado y preso por su participación en La Línea-.

EN VIVO: #CasoRedes La estructura de trafico de influencias de Gustavo Martínez | http://t.co/LxZsZQhNFQ | pic.twitter.com/49vic2xBEB
— elPeriódico (@el_Periodico) julio 9, 2015

Por ejemplo, Velásquez mencionó que mediante “escuchas” telefónicas se logró establecer la intervención del funcionario allegado a Pérez Molina para “acomodar” audiencias de empresarios de ZGas, a efecto de lograr resultados positivos directos a ese nivel extremo.

EV VIVO: Estructura y delitos implicados. | http://t.co/LxZsZQhNFQ | pic.twitter.com/5jrN8nkqct

— elPeriódico (@el_Periodico) julio 9, 2015

Las pesquisas de El caso redes –apoyadas en documentación y los “pinchazos” telefónicos-, descubrieron que Medina Farfán contactó a su “gran amigo” Martínez Luna para que mediante su influencia programara una reunión de los personeros de esa compañía con el Presidente. Servían así a diversos intereses, citó la CICIG.

EV VIVO: Carlos Farfan contacta al Superintendente de la SAT Carlos Medina para que… | http://t.co/LxZsZQhNFQ pic.twitter.com/IPSC9xQgMV
— elPeriódico (@el_Periodico) julio 9, 2015

El hecho era que la gasera tenía necesidad de instalar un gran depósito en la aduana de Puerto Quetzal, Escuintla, por lo que sus personeros contactaron a Medina quien, luego de hacer lo mismo con personal de la SAT, adelantó algunas gestiones que incluyó la supuesta inspección para establecer si cumplían con los requisitos.

Una de las condiciones legales era que la firma interesada debía pagar la póliza de una fianza por US$5 millones como garantía por el funcionamiento del depósito, pero en el documento suscrito se sustituyó la hoja donde se escribió tal cantidad de dólares y fue colocada otra con la cifra por el equivalente de Q5 millones.

En tal acción intervinieron, y se documentó en la averiguación refirió Velásquez- el intendente de aduanas Reyes Cáceres, Roca Morales, del Departamento de Normativos de la SAT, y que contaron con el visto bueno del superintendente Muñoz Roldán, quien por todo lo actuado “obtendría beneficios económicos”.

La averiguación del MP y la Comisión involucra también al juez Décimo de Instancia Penal, José Luis Patán Piche -cuñado de uno de los señalados- y contra quien la fiscal general Thelma Aldana ha dicho que este mismo día se solicitó el procedimiento respectivo de antejuicio por su vinculación a Medina Farfán y Muñoz Roldán.

MP y CICIG presentan en estos momentos la solicitud de antejuicio contra el Juez Patán. http://t.co/LxZsZQhNFQ pic.twitter.com/9jJqne3E5x

— elPeriódico (@el_Periodico) julio 9, 2015

Ambas instituciones documentaron que, a cambio de “favores” concedidos, Patán pidió plazas para sus familiares en la SAT. Hoy se le sindica de cohecho pasivo. Es el juez que en diciembre dictó orden de arraigo a Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, a solicitud de Otto Pérez Molina, la que después quedó sin efecto.

El origen

El caso redes quedó al descubierto a raíz de la investigación que la CICIG y el MP comenzaban en el segundo semestre del año pasado, en relación a una empresa que opera en Puerto Quetzal, y salió a relucir el nombre de César Augusto Medina Farfán, lo cual provocó ampliar las indagaciones.

Concretamente, Martínez recibía a través de Karen Cancinos el pago de las “comisiones” por las reuniones con el Presidente. Al ver las cantidades manejadas, este pidió juntarse con los interesados. Por ello, Velásquez comentó que un secretario programe una cita rápida con su jefe, no sería ilegal, pero sí como esto se ideó.

En total, solo hoy hubo siete capturas –sumadas al exsuperintendente Muñoz, preso desde abril pasado al ser desmantelada La Línea-. Se aprehendió a un jefe de Recursos Humanos de la SAT, dos ejecutivos de Zeta Gas, un ex intendente aduanal y una jefa actual de esta misma dependencia, entre otros.

Jaguar Energy, el otro escándalo

La fiscal general y el jefe de la CICIG también revelaron que el segundo caso de tráfico de influencias que involucra a Gustavo Martínez es relacionado con la compañía Jaguar Energy Guatemala, a cuyos personeros –y por solicitud de Ernesto Córdova- él también anotó en la agenda presidencial de citas programadas.

Por “el favor” de incluirlos en las agendas, el entonces funcionario y yerno del mandatario habría recibido unos US120 mil (alrededor de Q900 mil), ya que los personeros estaban interesados en que el Ejecutivo aprobara el proyecto de una planta eléctrica a base de carbón mineral, en Masagua, Escuintla, con inversión de US$900 millones.

Para no causar sospecha alguna de la oscura negociación, refirieron los investigadores, se suscribió un supuesto contrato por intermedio de Karen Paola Cancinos para el cobro de los US$120 mil, mediante “abonos” mensuales de US$20 mil, por lo que el total de la comisión quedó saldado en enero anterior.

Velásquez refirió que para proteger los intereses de la compañia fueron cometidos delitos en distintos niveles de la administración pública, como la situación de un grupo de trabajadores chinos retenidos en un albergue, al que el intermediario Córdova pidió a la SAT que el cónsul de esa nación no llegara a investigar.

Por el asunto, el MP tiene en la mira al prófugo peruano-estadounidense Córdova, de quien pedirá a EE. UU. su detención con fines de extradición. El jefe de la CICIG aclaró que Pérez Molina “está totalmente al margen de esta estructura”, aunque debió haberse enterado de lo que sucedía a su alrededor.

“Los diplomas” del soborno

Tanto la CICIG como la Fiscalía Especial Contra la Impunidad tienen documentado el recorrido del segundo caso investigado. Es el de Jaguar Energy, en el cual aparece implicado el mismo Córdova, promotor de sobornos hacia autoridades guatemaltecas, como lo hacía Medina Farfán.

Conversaciones telefónicas grabadas a los protagonistas permitieron descubrir que, cuando hablaban de “las cajas para los diplomas” dados por la compañía se referían a dinero en efectivo. Incluso, el piloto de Medina fue una vez a Zeta Gas a recogerlo para “repartirlo entre los graduandos”.

Los investigadores poseen también evidencias documentales de una reunión entre el entonces superintendente Muñoz Roldán y Medina Farfán, en un apartamento del primero, para hacer entrega de “los diplomas” que compensaban haber permitido a la SAT que empresas evadieran al fisco. No hay una cuantificación.

En esencia, Thelma Aldana e Iván Velásquez en representación de la Fiscalía General y la CICIG han presentado esta tarde información completa acerca de la red de tráfico de influencias al más alto nivel del Estado, que se suma a las bandas detectadas en la SAT y el Seguro Social.