Que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomen distancia de las funciones administrativas en el Organismo Judicial, es uno de los dos pilares que sostienen la propuesta de reformas al sector justicia elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 
“Está clarísimo que debe haber una separación de funciones, menos de eso no se debe aceptar”, señaló el representante de la OACNUDH en el país, Alberto Brunori, durante una entrevista en la que delinea el proyecto que entregarán hoy al Congreso.

 
La otra columna, expone Brunori, es un Consejo de la Carrera Judicial permanente o semipermanente, independiente de la CSJ.
Lo que se pretende, continúa Brunori, es limitar la potestad de la CSJ de interferir en funciones administrativas.

Hasta hoy, podría haber un magistrado que pide cierto traslado. Eso no puede suceder, dice. “Mientras la CSJ mantenga esas funciones como la supervisión de Tribunales, interfiere en la independencia judicial. La CSJ se debe encargar de las cuestiones jurisdiccionales”, añade.

 
Los magistrados perderían poder si se aprueban los cambios que plantea la CICIG y OACNUDH. Desde luego que es uno de los puntos de resistencia que hemos encontrado, dice Brunori, y que han paralizado la propuesta.

 
El proyecto logró aproximadamente un 80 por ciento de consenso en la Mesa de Seguridad y Justicia del Legislativo, en la que participan más de 60 organizaciones de la sociedad civil.

 
En lo que sí están de acuerdo, por ejemplo, es en que el sistema de evaluación del desempeño alcance a todos los jueces y magistrados.

 
La semana pasada, el jefe de la CICIG –Iván Velásquez– cuestionó que la CSJ haya acudido por separado al Legislativo para presentar su propuesta de reformas. A ese respecto, Brunori observa que la integración del Consejo de la Carrera Judicial que propone la CSJ “sigue teniendo una fuerte injerencia de los magistrados”. “Hay cuatro representantes vinculados a la Corte Suprema, por lo que terminaría siendo un órgano semiindependiente; el problema está en romper ese vínculo con la CSJ y crear un mecanismo permanente donde participen otros expertos en administración”, explica Brunori.

 
En los procesos de disciplina y supervisión actuales, se observa que el juez no tiene garantizada su independencia: se puede debatir sobre la interpretación de una sentencia, pero su puesto no debería depender de una llamada telefónica, señala.

 
El momento oportuno
El Representante del Alto Comisionado indicó, que el interés por las reformas en el sector justicia surgió durante el proceso de selección y elección de magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, celebrado el año pasado. “Tenemos claro que hay cambios para los que es necesaria una reforma constitucional, como la posibilidad de que los jueces de Paz puedan ser nombrados como magistrados de la Corte Suprema”, expuso Brunori. Los cambios en la Carta Magna también son necesarios para eliminar las Comisiones de Postulación y crear un mecanismo de evaluación –a cargo del Consejo de la Carrera Judicial– para la designación de los magistrados de Salas y de Apelaciones, agrega.

 
Pero eso será posible hasta el próximo periodo de gobierno, precisa el funcionario de Naciones Unidas.

 
Mientras, al Legislativo se le abre una ventana única de oportunidad para aprobar las reformas al sector justicia y atender las demandas ciudadanas. “El Congreso responderá a su electorado en la medida que aprueben o no la ley”, concluyó.