La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió sin lugar y por unanimidad dos solicitudes de amparo presentadas por el Presidente de la República y la abogada Karen Fischer Pivaral, dentro del proceso de antejuicio iniciado por el diputado Amílcar Pop Ac, en contra de Otto Pérez Molina, al sindicarlo de ser corresponsable por la corrupción descubierta en la SAT y el IGSS.

Rechazaron lo requerido los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, presidenta; Mauro Roderico Chacón Corado, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Manuel Reginaldo Duarte Barrera, este último electo y juramentado días atrás por el Congreso de la República como su representante titular, en sustitución del vicepresidente del país, Alejandro Maldonado Aguirre.

“Las circunstancias han variado y no es aconsejable otorgar el amparo” provisional, explicó Molina, dado que el Legislativo ha avanzado en la gestión correspondiente del caso, aparte que los recursos fueron planteados contra la disposición de la Corte Suprema de Justicia que le dio trámite enviando el expediente al Legislativo, que integró la Comisión Pesquisidora.

De acuerdo a lo indicado, la nueva resolución de no ha lugar lo solicitado es la respuesta a las reiteraciones de Pérez Molina y la abogada Fischer, aunque los dos requerimientos siguen su curso en la Corte de Constitucionalidad, que previo a resolver en definitiva habrá de programar la realizacion de audiencias y vistas públicas.

Antecedentes

El miércoles pasado -1 de julio- el máximo tribunal nacional revocó por tres votos contra dos el amparo provisional que con fecha 18 de junio y por igual margen había sido otorgado a Fischer, quien desde el principio dijo haber accionado para proteger la institución constitucional del Presidente de la República.

Ese día, en el fallo emitido por mayoría, a favor de eliminar la medida concedida se pronunciaron la presidenta de la CC Gloria Patricia Porras Escobar, Mauro Roderico Chacón Corado y Ricardo Antonio Alvarado Sandoval; en contra lo hicieron Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera, quienes razonaron sus votos.

De lo accionado

Pop Ac, del partido Winaq, pidió el antejuicio porque sostiene que el mandatario es corresponsable de los escándalos desvelados en la SAT y el IGSS, por cuanto fue él quien nombró al anterior superintendente Omar Franco y el ex presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez López, quienes continúan en prisión tras ser capturados por el Ministerio Público y la CICIG.

El diputado interpuso el 22 de mayo su querella por la evasión fiscal, y por el contrato de Q116 millones del IGSS firmado con la droguería Pisa. Primero lo sindicó de asociación ilícita. Luego, de encubrimiento propio por haber ocultado información del día y hora que la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti había vuelto al país, luego de estar en Corea del Sur con Juan Carlos Monzón, prófugo.

Más de 40 personas guardan prisión preventiva –sujetas a investigación penal- tras los dos escándalos financieros descubiertos por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –entre exfuncionarios y particulares-, comenzando por los exsuperintendentes Franco y Carlos Muñoz, así como el expresidente del instituto, Rodríguez López.