Viernes 25 DE Septiembre DE 2020
Nación

La CIJ señala ataques de funcionarios defienden el Estado de Derecho en el país

“Se cometen violaciones sistemáticas a la Constitución Política de la República de Guatemala con apariencia de legalidad y se afecta sustancialmente al Estado de Derecho, para convertirlo en un Estado que defiende los intereses de las mafias” cita un comunicado de la CIJ.

Fecha de publicación: 11-08-20
Foto: Archivo
Por: Lucero Sapalú

La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica, resalta que hay autoridades públicas del Estado de Guatemala que han comprometido la función pública, para pasar a defender ilegalmente, los intereses del crimen organizado, en vez de defender a la población.

La entidad señala acciones que constituyen fraude de ley, “ya que constituyen actos realizados supuestamente al amparo del derecho, que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, como lo es provocar más y más impunidad”, detalló el director de la organización, Ramón Cadena

Los ataques sistemáticos por medio de denuncias espurias en contra de la y los magistrados de la CC; en contra del Procurador de los Derechos Humanos (PDH);Jordán Rodas, el Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval y jueces independientes e imparciales como Ericka Aifán, Yassmyn Barrios, Miguel Ángel Gálvez y otros, que provoca una obstrucción a la justicia deliberada y contraria al Estado de Derecho y que demuestra que los ataques están dirigidos en contra de funcionarios y funcionarias que defienden el Estado de Derecho.

La CIJ, detalla que desde marzo del presente año, las autoridades de los tres poderes del Estado de Guatemala, han implementado diferentes actos que comprueban que el Crimen Organizado ha logrado cooptar gradualmente a funcionarios públicos y desnaturalizar al Estado, para ponerlo al servicio de sus intereses.

“La trilogía de violencia, corrupción y obstrucción de justicia, que el Crimen Organizado utiliza como estrategia para lograr sus objetivos criminales en otros países, sigue provocando en Guatemala problemas de delincuencia transnacional muy complejos y que van en aumento. Lamentablemente, las autoridades al más alto nivel se han aprovechado de la pandemia COVID19, para implementar estos actos, anulando casi por completo a la oposición política, por medio de la restricción innecesaria y desproporcionada de derechos” cita un comunicado de CIJ.

La organización cita otros gubernamentales recientes que pueden considerarse realizados en fraude de ley, la primera es la última acción de la Fiscal General, Consuelo Porras, por medio de la cual solicita levantar el antejuicio a diputados, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sabiendo de antemano que sólo la acción encaminada contra la y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) llegará a tener éxito”cita el comunicado.

El otro punto que señala, es el retraso deliberado de la elección de magistrados de altas cortes, causado por un grupo considerable de diputados del Congreso de la República, que tiene por objeto mantener inalterable a la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), prolongando el periodo de su nombramiento indebidamente.

Además, indica que el incumplimiento por parte de autoridades como la Fiscal General, Porras, y un grupo de diputados y diputadas del Congreso de la República, que no respetan el contenido de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) dictada con fecha 6 de mayo de 2020, dentro del expediente 1169-2020 que dicta elegir a los Magistrados de la Corte de Apelaciones y de la CSJ para el periodo 2019-2024 y excluir a los postulados que no reúnen los requisitos.

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