Jueves 1 DE Octubre DE 2020
Nación

Tramitan 920 peticiones de libertad anticipada

Los expedientes han sido presentados por el IDPP y abogados particulares.

Fecha de publicación: 19-07-20
El exjefe policial Víctor Soto Diéguez, condenado por ejecución extrajudicial, abandonó la prisión antes de lo previsto.
Por: Lorena Álvarez elPeriódico

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ha presentado 920 expedientes para solicitar libertad anticipada desde abril pasado hasta el 17 de julio, indicó Carlos Morales, vocero de la entidad.

Buena conducta, haber cumplido más del 50 por ciento de la condena, comprobar trabajo o estudios cursados durante el cumplimiento de la sentencia, haber pagado las multas impuestas y carecer de otro proceso abierto, son algunos de los requisitos para hacer el trámite con el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) o abogados particulares.

Alma Martínez, de la Coordinadora Nacional de Ejecución del IDPP, dijo que han recibido 750 informes de la DGSP para iniciar el proceso de plantear los incidentes de libertades.

“En tiempos de pandemia se han iniciado 549 incidentes”, agregó.

Los incidentes que se han iniciado corresponden a 481 hombres y 68 mujeres que están recluidos en la Granja Canadá, Puerto Barrios, Chimaltenango, Pavón, Pavoncito, Los Jocotes, Preventivo de la zona 18 y el Centro de Orientación Femenina.

No aplica para todos

Este mes el exjefe de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, Víctor Soto Diéguez, fue beneficiado con esta medida debido a que su condición de salud lo ponía en riesgo ante los casos de COVID-19 que se registran en los centros de detención. El exjefe policial fue sentenciado a 33 años de prisión por las ejecuciones extrajudiciales de diez reos.

El caso es uno de los ejemplos que, Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), considera que incumple con las buenas prácticas internacionales para beneficiar a los privados de libertad.

Los delitos graves de violaciones a los derechos humanos, de alto impacto social como la corrupción no deben recibir el beneficio, explicó Santos.

La portación ilegal de arma de fuego, violencia contra la mujer, robo, hurto agravado, homicidio, homicidio en grado de tentativa, posesión para el consumo, encubrimiento propio, agresión sexual y violación son algunos de los delitos de los expedientes en trámite, informó Martínez.

Las libertades solicitadas se comprenden por el hacinamiento de los centros y la necesidad de generar medidas de protección ante la pandemia, dijo Santos. Pero la recomendación es que para excarcelar se debe evaluar el tipo de delitos y considerar los criterios internacionales para no beneficiar a quienes estén por delitos graves.

La DGSP contabiliza más de 26 mil personas privadas de libertad en los centros carcelarios.