Sábado 15 DE Agosto DE 2020
Nación

Analistas consideran que juzgado para funcionarios es inconstitucional y con dedicatoria

El juzgado podría ser catalogado como un Tribunal Especial, lo cual está prohibido por la Constitución.

Fecha de publicación: 13-07-20
La CSJ, actuó de forma inconstitucional, consideran los entrevistados.
Por: Rony Ríos rrios@elperiodico.com.gt

El próximo jueves comienza a funcionar el Juzgado Especializado para funcionarios y empleados públicos, pero varios abogados constitucionalistas señalaron que el mismo podría violar la Constitución Política de la República de Guatemala .

Según el abogado del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), Oswaldo Samayoa, el Acuerdo 22-2020 publicado el 25 de junio pasado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) violaría dos artículos de la Constitución.

Samayoa señaló que al centralizar en un solo juzgado todos los procesos contra funcionarios, se está vedando el acceso de la justicia para las personas que vivan fuera del departamento de Guatemala.

Además, el Acuerdo también contravendría el Artículo 12 de la Constitución, que consigna que “ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos” y que la creación del juzgado especializado para funcionarios y empleados públicos se convierte en un tribunal especial cuando se limita a conocer un tipo de delito en función de un determinado tipo de personas.

En el mismo sentido, opinó el abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien se refirió a la implementación de ese juzgado como un Tribunal de Fuero Especial. “Es una protección especial para funcionarios y empleados públicos”, enfatizó.

Pérez Trabanino indicó que es bueno buscar una justicia especializada, pero que la misma se refiere a la materia de los delitos no en función de las personas. “Es como que se quiera crear un juzgado solo para abogados, otro solo para médicos y otro solo para periodistas”, expresó.

Asimismo, Pérez Trabanino manifestó que la competencia de los juzgados siempre debe ser determinada por la materia o por el territorio.

La CSJ promocionó en redes sociales la creación del juzgado como un “fortalecimiento de la justicia especializada, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción” y lo equiparan con los juzgados con competencia especializada de delitos de trata de personas.

Juzgado con dedicatoria

El abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, señaló que el actuar de la CSJ se podría considerar como afín a garantizar impunidad para “los que estén con el régimen y castigar a los que estén en contra”.

Balsells dijo que la creación del juzgado para funcionarios no tiene ningún sentido porque está habilitado en función de las personas, por lo que tiene tachas de inconstitucional.

Sin jueces especializados

Pérez Trabanino también cuestionó el proceso para designar a los jueces, ya que según la convocatoria publicada por el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) solamente piden un año de experiencia o la constancia de recibir una capacitación por parte de la Escuela de Estudios Judiciales.

“¿Para qué quieren un juzgado especializado si  no van a poner jueces especializados?”, cuestionó Pérez Trabanino. El abogado consideró que la corrupción es una especialidad por sí misma y que está más relacionada al derecho administrativo, financiero y de lavado de dinero, por lo que no necesariamente se debe designar un juez penal.

Los encargados de los juzgados de Femicidio están súper capacitados en violencia de género, pero para el juzgado de funcionarios “no se puede abrir una convocatoria y requerir solo un curso de seis meses porque pueden aplicar jueces recién graduados sin ningún tipo de especialización”, enfatizó Pérez Trabanino.

Reciben papelería

> El Consejo de la Carrera Judicial todavía se encuentra recibiendo papelería para los jueces que deseen aplicar a la plaza para juzgar a funcionarios que cometan “delitos contenidos en la Ley contra la Corrupción, Código Penal y otros”. Los aspirantes tienen hasta el 14 de julio para aplicar a la plaza.

Presentan inconstitucionalidad

La Alianza por las Reformas presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo 22-2020 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que designó un juzgado exclusivo para conocer los casos de delitos cometidos por funcionarios señalados de corrupción, ya que se argumenta que su creación puede ser utilizado como un instrumento de impunidad y para perjudicar a fiscales, jueces y otros funcionarios con base a denuncias maliciosas o infundadas.