Martes 7 DE Julio DE 2020
Nación

“Estamos ante un lío monumental y salir sin arañazos es poco probable”

Eduardo Stein, exvicepresidente y excanciller

 

Fecha de publicación: 30-06-20
Eduardo Stein, ex vicepresidente. Foto de archivo.
Por: Evelyn Boche / elPeriódico

La elección de cortes de justicia derivó en la situación actual que enfrenta a varias instituciones y la salida está en manos de la Fiscal General, dice el expresidente.

¿Qué tipo crisis observa? 

– Hay una crisis institucional-constitucional que los que no somos abogados, ni mucho menos especialistas en Derecho Constitucional, tenemos dificultad de entender el grado de complejidad y de conflicto que se esconde debajo de los argumentos más manoseados y que por lo tanto, difícilmente vamos a encontrar en la población en general un grado de atención que se compagine con la gravedad y la profundidad de esta crisis. Consultados juristas de renombre y reconocida capacidad, encontramos opiniones encontradas, incluso antagónicas en donde todo parece centrarse en la decisión que tomaron los magistrados de la CC, al emitir el amparo provisional cuando en realidad esta crisis comienza a dibujarse desde el año pasado cuando – también con diversos amparos– se pospuso la elección de la nueva CSJ y Salas de Apelaciones. Ahí comienza el origen de estos graves desarreglos. En tercer lugar, encontramos en la Comisión Permanente del Congreso, una actitud de abrogarse la representación de todo el Congreso, en la decisión de desobedecer contra lo que la Corte Constitucional les pidiera, porque consideran que la decisión de la Corte fue ilegal y que por lo tanto no tienen por qué sujetarse a lo dispuesto por la CC. Mantienen por lo tanto, la Comisión Pesquisidora, lo cual los pone en desacato contra lo decidido o definido por la Corte que, según su argumento, es una instrucción o disposición ilegal no tiene por qué acatarla y mantienen al día de hoy, después de que la CC anoche certificara lo conducente ante la actitud de la Comisión Permanente del Congreso, lo cual ha enriquecido el nivel de enredo de esta pintura, tanto por la decisión de la CSJ de proteger nuevamente al señor diputado Felipe Alejos, por una parte y por la otra, delicado junto a esta situación de conflicto frontal entre la comisión permanente, la CSJ que rauda y veloz salió a ratificar el derecho de antejuicio de Felipe Alejos y la CC que no le queda más remedio que certificar lo conducente. La Fiscal General tiene la obligación constitucional de cargo de intervenir de la manera que juzgue adecuado, pero tiene en sus manos – según me explican abogados competentes– el proceder a una investigación cuando hay presunción de delito, y, gente de una opinión tan calificada como el excanciller Gabriel Orellana, va incluso más allá, diciendo que hay un delito flagrante de la Comisión Permanente, que por serlo, pierden su inmunidad y la protección del derecho de antejuicio y que serían sujetos a ser capturados sin ningún otro trámite… solo para ilustrar la gravedad del momento de tensión e incomprensión que nos asiste. Adicional a esto, por supuesto, declaraciones diversas de diferentes gremios, personalidades, etcétera, asumiendo posiciones a favor y en contra. Pero, como dijeran varios juristas de diferente orientación ideológica, todo lo que nosotros podamos decir como ciudadanos y ciudadanas son opiniones, aquí lo que cuenta es que los órganos jurisdiccionales tienen la responsabilidad de hacer para sacarnos de este lío y una de las instancias, al menos en el calendario, hoy por hoy, la que tiene la principal responsabilidad en el corto plazo, es la señora Fiscal General y el MP. Tendrá que salir, no solo para salud política del país o por el procedimiento jurídico legal, sino porque tienen en sus manos una responsabilidad con toda la nación de salir a calmar el agua antes de que la tormenta se vuelva peor.

La Fiscal General le debe a la nación una indicación de cómo debe abordar esta situación, más allá de su responsabilidad jurídica, por obligación de cargo. Es importante que se vea que tiene una responsabilidad política ante la nación, al haber un conflicto tan difícil entre tres poderes del Estado.

¿Qué nos dice este ciclo de crisis? (El año pasado se vivió una crisis por la salida de la CICIG y embajadores, como Anders Kompass).

– En una visión más estructural y estratégica, desde Asíes nosotros hemos propulsado, en el marco del Foro Guatemala, las reformas necesarias al sistema de justicia del país, pero en un consorcio que fuera formado hace 12 años entre la URL, Usac y Asíes, se ha estado trabajando precisamente para articular reformas a nuestro aparato de justicia que puedan corregir los riesgos de este tipo de conflicto como el que ahora enfrentamos. Los constituyentes tuvieron una intención loable, por cierto al crear esta instancia como en otros muchos países que sea la que guíe el actuar entre poderes, en el marco del texto constitucional. Pero, hay que recordar que la actual Constitución vigente fue redactada por constituyentes en momentos en que se quería dejar atrás, todo muy complicado y doloroso pasado del conflicto armado guatemalteco, y por eso es que el texto constitucional le pone una importancia tan grande a la protección y garantía de los derechos humanos, individuales, familiares y colectivos, todos, no solo un grupo en específico, pero también emitieron la Ley de Amparo, como una protección para personas, familias y comunidades frente a los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado durante ese conflicto. Necesitamos una actualización de nuestro marco constitucional que no solamente recoja las experiencias aprendidas durante todas estas décadas, sino que además resuelva graves desequilibrios internos que todavía nuestra sociedad contiene en donde históricamente gran parte de la población, en particular la población indígena ha sido marginada y excluida, pero solamente con una justicia pronta y cumplida que sea pareja para todos podemos aspirar a la estabilidad política y social, así como al desarrollo y la convivencia democrática a la que todos aspiramos. Este tipo de enredos deberíamos tener la capacidad de preverlos en una actualización del marco constitucional, en particular en el ámbito de la justicia. Mientras eso no se dé, nuestros débiles marcos institucionales van a seguir siendo objeto de tropiezos, de interpretaciones antojadizas o, de incluso, abusos y por lo tanto es tan importante no solo encontrar un camino de solución que garantice ante esta crisis del funcionamiento de un Estado de derecho, sino que podamos acometer las reformas a la Constitución, largamente y aspiracionalmente buscadas para una mejor convivencia ciudadana.

¿Cómo darle salida a la situación actual?

– Ha habido dos instancias ya de desacato, si es que se da por buena la decisión de la Corte, que por supuesto el Congreso cuestiona su validez o su legalidad. Pero como no soy abogado no me atrevo a dar una opinión de cómo se sale de esta… Lo que creo sería un principio de búsqueda de solución si el MP se pudiera poner de acuerdo, con 40 diputados creo que se necesita para convocar a una sesión extraordinaria del pleno y que el pleno le pueda pedir cuentas a la Comisión Permanente. Ese podría ser un camino de solución, en lo que el MP procede a desarrollar sus averiguaciones. ¿Qué pasa si el propio MP adopta, olvidándose de la neutralidad obligada, una posición de respaldo a la Comisión Permanente? Mientras más tiempo sigue callada la Fiscal General, parece que está asumiendo una posición.

Esa es una salida mixta, entre lo penal y lo jurídico.

– Por eso es tan delicado el asunto. Si decide proceder a la investigación, certificando lo conducente, es como asumir una posición pública de respaldo a la CC. Mientras que si no, es como asumir una posición a favor de la Comisión Permanente del Congreso. Puedo entender su tardanza, porque cualquier posición que adopte va parecer favoreciendo a una o a otra parte en el conflicto, cuando su responsabilidad judicial, en este caso según la entiendo y la ciudadanía necesita tener la claridad de que también la entiende, es garantizar la legalidad de las actuaciones, algunas de las cuales están siendo impugnadas.

Estamos ante un lío monumental y salir sin arañazos, no creo que sea posible. ¿Quien se va animar a salir de su posición atrincherada?

¿Salir de la trinchera abonaría a una posición institucional?

– Está en juego la credibilidad de nuestras instituciones en materia de justicia. Todas. Porque lo que está detrás de todo esto, es un procedimiento que ya se accidentó para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, el proceso se desarrolló entre recursos y llevó a tener una Corte Suprema de Justicia que ya se pasó de tueste.

Esa fragilidad se ha ido agravando conforme pasan los días y los meses y para hacerlo más complicado, caemos en la pandemia que vino a trastornar todo el funcionamiento del Estado y de la que no hemos salido y sobre la cual, digamos, que, gravitan una serie de intereses legítimos de ver, cómo se hace para equilibrar la atención a la pandemia, con los mejores y mejor probados de contención y de evitar contagios y cómo se equilibra todo esto con la necesidad de no ahogar las actividades económicas de tantos sectores, que se están viendo gravemente afectados. Entre esta situación tan precaria de condicionamientos, hay también grupos oscuros que quieren aprovecharse de este grupo de irregularidades y de prisiones y de sufrimiento y angustia de la gente, para hacer de las suyas. Por eso es tan crítico reconocer los patinazos que se dieron en cada una de las instancias a lo largo de todos estos meses, desde el año pasado, que se interrumpió el proceso de elección de cortes.

Y se viene una elección de CC. ¿Qué anticipa sobre ese proceso?

– Aquí entro en un terreno muy resbaloso y lodoso de los rumores, algunos argumentan que hay un diseño para posponer la elección de las cortes hasta que no esté electa una nueva CC. Si ese fuera el caso, la propia CC abona, en la manera en la que le ordenó que cada diputado exprese de viva voz su voto sobre cada uno de más de 200 candidatos. Esa será otra batalla, por eso las reformas se hacen tan necesarias.

 


“Necesitamos una actualización de nuestro marco constitucional que no solamente recoja las experiencias aprendidas durante todas estas décadas, sino que además resuelva graves desequilibrios internos”.

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