Sábado 26 DE Septiembre DE 2020
Nación

Brasa constitucional ahora está en manos del Ministerio Público

Ante la crisis institucional, el PDH Jordán Rodas recomienda al Presidente Giammattei pedir la mediación de la Organización de Estados Americanos.

Fecha de publicación: 30-06-20
Abogados de organizaciones y diputados se apersonaron ayer a la CC para presentar un amparo.
Por: redacción elPeriódico

La batalla por desaforar a cuatro de los cinco titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC) sumó ayer un nuevo episodio con el segundo incumplimiento del Congreso para entregar el expediente original de las diligencias de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras, Neftaly Aldana, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía.

Cerca de la medianoche, por unanimidad, la alta corte resolvió certificar lo conducente al Ministerio Público (MP) para que actúe frente a la desobediencia del Congreso al no cumplir con los requerimientos de la Corte. Con esto, las actuaciones se trasladan al MP para que proceda según lo establece la ley. Ante la inhibitoria de los titulares Dina Ochoa y Neftaly Aldana, el pleno se integró por los magistrados María Cristina Fernández y Mynor Par Usen.

Desde el sábado 27, el máximo Tribunal otorgó amparo provisional contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que trasladó la solicitud de antejuicio al Congreso, el cual nombró inmediatamente una comisión pesquisidora.

El amparo de la CC dejó sin efecto todos los actos tendientes a la persecución de los magistrados por los fallos emitidos, en este caso la sentencia que dicta las pautas para que el Congreso elija togados de CSJ y Salas de Apelaciones. Se les ordena excluir a los candidatos vinculados con el caso Comisiones Paralelas 2020 y que expresen, de viva voz, si el nominado cumple o no con los criterios de idoneidad que establece la Constitución.

Desde el sábado, la CC requirió al Congreso el expediente original de las diligencias de antejuicio. La Comisión Permanente argumentó que estaba en poder de la comisión pesquisidora, la cual tuvo que haberse desarticulado como efecto del amparo.

Ayer, la CC requirió de nuevo el expediente en un plazo de tres horas. Al filo del vencimiento, la Comisión Permanente del Congreso envió un memorial en el que exponen que ya explicaron claramente al Tribunal por qué han entregado copia certificada y legalizada del expediente y que la CC no ha fundamentado por qué “a toda costa” quiere retener el original. También pide al MP que solicite antejuicio contra Porras, De Mata Vela y Mejía, “por la evidente comisión de delitos” y reiteran que no acatarán órdenes ilegales.

Estamos hipotecando mucho

En opinión del excanciller y constitucionalista, Gabriel Orellana, ese planteamiento es una contradicción de los diputados. “Al tomar posesión, ellos juraron defender la Constitución y ahora se están negando a obedecer y acatar lo que dice el máximo tribunal”, añade.

La actitud de los diputados evidencia que hay algo oscuro; estamos hipotecando el futuro del país por dos o tres figuras despreciables, dice Orellana, en alusión a posibles acuerdos para relevos de poder judicial en los siguientes periodos.

Según Orellana, ante la desobediencia de los diputados, el MP no debiera esperar a actuar, tiene la obligación de velar por la recta aplicación de la ley. Tristemente, la Comisión Permanente está queriendo echar un pulso con la CC. Y ese es el problema, como órgano del Estado no tiene unanimidad, concluye.

Salida pacífica

El PDH, Jordán Rodas, recomienda al presidente Alejandro Giammattei invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, a la que se acude en casos de rompimiento del orden democrático o alteración grave del orden constitucional.

El mecanismo consiste en que la OEA manda una comisión para verificar si hay o no quebrantamiento del orden constitucional, sin llegar a ser un golpe de Estado. “Se ha aplicado en Venezuela y Nicaragua, permite que el Secretario General invoque a la asamblea de la OEA para que conozca el caso. Es una forma de mediación”, añade Rodas.

Jurisprudencia

En declaraciones a La Hora, el abogado Alejandro Balsells recordó un expediente en el que la entonces magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, María Consuelo Porras, ahora Fiscal General del MP, resolvió que no había responsabilidad penal de magistrados y exmagistrados de la corte por sus resoluciones en un expediente de 2017, en el que también se remitieron al Artículo 167 de la Ley de Amparo.

Balsells recordó que el mismo tenía que ver con el expediente 3920-2017, sobre una eventual responsabilidad penal del magistrado Alejandro Maldonado, pero la CC fue clara, como ahora.