Lunes 1 DE Junio DE 2020
Nación

Se calcula impacto por Q30.5 millardos por vigencia del Decreto 15-2020

Los sectores eléctrico, agua y telecomunicaciones deben mantener el servicio a sus usuarios.

Fecha de publicación: 22-05-20
Foto de archivo.
Por: Lorena Álvarez

El Ejecutivo deberá publicar el reglamento que establezca los parámetros para implementar la Ley de Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia de COVID-19, que prohíbe la suspensión de los servicios básicos de agua, cable, luz, teléfono e Internet.

Alberto Pimentel, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), indicó que corresponde emitir el reglamento del Decreto 15-2020 para que se pueda aplicar. La ley, que cobra vigencia hoy, no define los parámetros de las personas vulnerables a quienes beneficia ni la temporalidad, comentó.

Otras entidades a cargo de los servicios que indica la ley trabajan en la reglamentación que deberá ser aprobada por el Gabinete y publicada.

Impactos

Un análisis de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, que se dio a conocer ayer, estima hasta en Q30.4 millardos el impacto que tendría el Decreto 15-2020 para los sectores de energía, agua y telecomunicaciones.

Mientras que Jairo Flores, diputado de la UNE, resaltó que los pequeños negocios y trabajadores han perdido sus ingresos. Además con la suspensión de clases presenciales y el teletrabajo se verían afectados los usuarios del servicio de Internet.

La ley también establece el acceso a convenios de pago entre los usuarios y los prestadores de servicios.

Enmendar la redacción

Pimentel agregó que el fin de semana se completará la redacción del reglamento con los parámetros, pues existe la preocupación de que afecte los ingresos del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), uno de los participantes en la generación de energía eléctrica.

Para Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), debe buscarse el equilibrio para no afectar el erario nacional y a las instituciones privadas, pues la normativa contiene ambigüedades.

“Las municipalidades tenemos que hacer el pago por el agua que se suministra y sin los recursos no se puede dar el mantenimiento, pagar a los trabajadores y prestar el servicio”, indicó Ovalle al comentar que ya muchos de los usuarios no han realizado el pago.

Además operan 17 empresas eléctricas municipales que prestan servicios básicos a la población. Ovalle agregó que espera conocer el borrador del reglamento para emitir una opinión técnica desde la visión municipal.

Normativa

El Decreto 15-2020 fue aprobado de urgencia nacional el 3 de abril y se publicó ayer luego que el Legislativo rechazó el veto presidencial.