Sábado 26 DE Septiembre DE 2020
Nación

Bancadas del Congreso piden acelerar discusión de leyes de emergencia

Fecha de publicación: 21-03-20
Foto: Congreso de la República.
Por: Enrique García elPeriódico

Los jefes de bloque del Congreso acordaron crear una comisión que será integrada por un representante de cada agrupación política y por los presidentes de las comisiones de Salud, Finanzas y Economía.

El objetivo será conocer las iniciativas de ley relacionadas a atender la emergencia de la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con la Junta Directiva, la comisión se encargará de analizar los diversos proyectos, elaborar un solo documento y dispensar de dictamen, si se requiere, las propuestas que han presentado varias bancadas para que puedan ser aprobadas de urgencia nacional en el pleno. Dentro de las iniciativas entregadas hay reformas al Código Penal, reformas a la Superintendencia de Administración Tributaria y del Impuesto de Solidaridad. 

Pánico sanitario 

Esta semana la diputada Adela Camacho, de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), entregó a Dirección Legislativa una iniciativa de ley que busca reformar varios artículos del Código Penal. La propuesta contempla incluir tres figuras penales en contra de las personas que crean zozobra por mensajes sin fundamentos: pánico sanitario, falsa alarma y falsedad de informes oficiales. 

“La propuesta pretende que se haga conciencia para que los usuarios de medios de comunicación y redes sociales se abstengan de crear o reproducir alarmas infundadas”, refiere en la exposición de motivos. La iniciativa, que tiene que ser leída en el pleno, busca adherir tres artículos al capítulo de los Delitos Contra la Salud Pública al Código Penal. 

Cometerá el delito de pánico sanitario quien elabore, divulgue o reproduzca información falsa o inexacta, que cree temor en la población respecto de riesgos sanitarios, enfermedades o epidemias. El que cometa dicho delito será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de Q5 a Q50 mil. 

La falsa alarma lo cometerá quien informe falsamente sobre un siniestro o emergencia a cualquier servicio de asistencia médica o de emergencia. El responsable será sancionado con una multa equivalente entre uno a cinco salarios mínimos.

A la adhesión del articulado se sumaría el delito de falsedad de informes oficiales y el responsable será condenado con prisión de dos a seis años y se le inhabilitará de ejercer función pública. 

Cortes de servicios 

“Tres meses en los que se prohíben los cortes, pagos o servicios esenciales. Todo es para motivar que estén en sus hogares, que todos estudien o trabajen desde sus casas”, así resumió el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jairo Flores, su iniciativa de Prohibición de Corte y Garantía de Continuidad de los Servicios Básico como medida de protección para la ciudadanía ante el coronavirus. 

La propuesta contempla la discusión de diez artículos y el objetivo, según el proyecto, es apoyar a la población garantizandoles los servicios básicos y prohibir por 90 días los cortes de servicios por pagos atrasados. Estos servicios incluyen agua potable, entubada, empacada y comercializada, energía eléctrica, telefonía domiciliar y celular así como Internet. 

Además instruye a diferentes entidades del Estado para garantizar la distribución, disponibilidad y estabilidad de precios de artículos de consumo alimenticio, limpieza, jabones antibacteriales, gel, mascarillas, guantes, cloro y medicamentos entre otros. El artículo también hace mención a la espera de las obligaciones crediticias para que a los usuarios no se les haga el cobro de pago o amortización durante 90 días.

Amnistía fiscal 

La bancada Visión con Valores (Viva) entregó una iniciativa de ley relacionada al impacto económico y social generado por la pandemia. En 18 artículos la propuesta contempla que todas las instituciones públicas y del sector privado y la comunidad cooperen con las autoridades sanitarias y de seguridad. 

El objetivo, según los congresistas, es establecer ciertas normas de apoyo temporal para afrontar la emergencia. “Por esta única vez se autoriza a la SAT para que el pago de todas aquellas obligaciones tributarias correspondientes a marzo sean trasladadas para el último día hábil del mes en que finalice el Estado de Calamidad”, refiere uno de los primeros artículos. 

Conceder exención de impuestos entre el 50 al 80 por ciento para aquellos contribuyentes que no hayan incurrido en impago de impuestos por actos u omisiones en el orden administrativo. Asimismo, solicitan al Presidente conceder exoneración de multas y demás. 

Los congresistas piden la creación de un fondo de emergencia de Q1.5 millardos, de estos Q500 millones se utilizarían para infraestructura de la red hospitalaria y el resto para programas sociales.

Conservación del empleo 

El pasado martes los diputados de las agrupaciones Vamos y Prosperidad Ciudadana entregaron una iniciativa de ley que busca conservar el empleo por medio de una iniciativa de ley de flexibilización tributaria. La iniciativa de cinco artículos busca que todos aquellos que están sujetos al Impuesto de Solidaridad (ISO) puedan realizarlo de forma inmediata o en 12 cuotas mensuales. 

El requisito principal es que dichas empresas no incurran en despidos de sus colaboradores. Se solicita también que el Ministerio de Finanzas realice las gestiones para financiar el monto proyectado a recibir en concepto del ISO. 

Apoyo económico de la familia 

El bloque Victoria propone que las personas o grupos familiares que demuestren que sus ingresos disminuyeron por efectos del coronavirus se les suspenda el cobro de la factura por el servicio de agua, telefonía fija, celular o Internet y tarjetas de crédito por tres meses, así como se suspenda el pago de capital e intereses sobre cualquier tipo de préstamo. 

En uno de los artículos la bancada propone que los acreedores no podrán suspender los servicios esenciales, no cobrarán intereses o recargos y no podrán considerar mora a los deudores. Agrega que los pagos suspendidos por tres meses podrán realizarse hasta por un máximo de dos años sin interés ni recargo alguno.

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