Martes 15 DE Octubre DE 2019
Nación

Activistas: “Las cruces estarán ahí hasta que se haga justicia por las niñas”

Ministerio de Cultura pretende retirar nuevamente de la Plaza Mayor el monumento en honor a las 41 víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Fecha de publicación: 10-10-19
Fotos: Edgar Pocón
Por: Luisa Paredes elPeriódico

La Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg) rechazó las declaraciones del ministro de Cultura y Deportes (MCD), Elder Súchite, de que como la Plaza Mayor “no es un cementerio”, procederá a retirar cuantas veces sea necesario las cruces colocadas ahí en homenaje a las 41 niñas y adolescentes que murieron por el incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en el 2017.

En septiembre pasado el funcionario ordenó quitarlas “porque ya pasaron dos años” de la tragedia. El grupo de activistas colocó otras, pero el MCD ha vuelto a amenazar con quitarlas. “Las cruces estarán el tiempo necesario hasta que se haga justicia por las niñas”, advirtió hoy  Ada Valenzuela, directora de la mencionada organización.

También señaló a ese ministerio de mentir sobre quién ordenó el desalojo del altar, debido a que inicialmente responsabilizó a la municipalidad, pero resulta que todo el material está en poder de Súchite.

La tragedia

El 8 de marzo de hace dos años, 41 niñas y adolescentes encerradas en un aula y que permanecían bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil (PNC), murieron a raíz del incendio en el Hogar Virgen de la Asunción, de San José Pinula.

El exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exdirector del recinto, Santos Torres, enfrentan proceso penal por abuso de autoridad, maltrato contra menores de edad, homicidio culposo, incumplimiento de deberes y lesiones leves.

PDH reacciona

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, se pronunció por medio de un comunicado mediante el cual recordó que el derecho a la justicia contempla la reparación a las víctimas, que dichas medidas deben incluir la dignificación de las personas afectadas  y que el Estado reconozca el daño causado.