Martes 17 DE Septiembre DE 2019
Nación

Tribunal absuelve a Samuel y José Manuel Morales por el fraude en el Registro General de la Propiedad

Indica que la Fiscalía acusó al hermano del mandatario de forma confusa y que no pudo acreditar los señalamientos presentados en su contra.

Fecha de publicación: 19-08-19
Foto: JM Lam
Por: Katerin Chumil / elPeriódico

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal han absuelto este lunes del delito de fraude a Samuel Everardo y José Manuel Morales, hermano e hijo respectivamente del presidente Jimmy Morales, porque resolvieron que el Ministerio Público (MP) no demostró que quisieran cometerlo al Registro General de la Propiedad (RGP) con la venta de canastas navideñas.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusaron a Samuel de fraude en forma continuada y lavado de dinero; sin embargo, para los jueces esos señalamientos fueron “confusos”. En cuanto a José Manuel, también resolvieron que la fiscalía no pudo respaldar su acusación de fraude en forma continuada.

En el fallo de Jaime González Marín, Edna Maxia y Juan Aceituno se señaló que el hermano -del mandatario- “únicamente prestó sus facturas, no existiendo concertación para defraudar” y, además, que ellos dos no cometieron ningún delito porque “desconocían los procedimientos administrativos”. Tras escucharlo, los parientes de Jimmy Morales salieron de la sala durante un breve receso.

José Manuel Morales antes de llegar a la audiencia publicó en su perfil de Instagram “todo está en tus manos”, mientras el tío “Sammy” dijo a los medios de comunicación que “la verdad nos hará libres” y que su caso debería ser conocido por la “vía administrativa” y no penal.

Exregistradora, culpable

El Tribunal halló culpable de peculado culposo a la exregistradora General de la Propiedad, Gladys Anabella de León Ruiz. La diligencia sigue por lo que no ha dado a conocer la pena. Se adelantó que resolución fue unánime, porque la fiscalía demostró que ella permitió contratar personas que nunca llegaron a trabajar.

Los jueces enfatizaron que como los contratistas no son trabajadores o funcionarios públicos, les fue cambiado el delito de peculado por sustracción al de estafa en forma continuada. La jueza-presidenta Edna Maxia no estuvo de acuerdo con dicho punto y razonó su voto, ya que señala que la fiscalía tuvo razón cuando los sindicó de sustracción.

Durante el fallo también se concretó que otra de las procesadas, Samanta Mejía Salguero, exdirectora de Recursos Humanos del Registro y exesposa del abogado Vernon González, sí era culpable del cargo de peculado culposo junto a otra funcionaria, María Caridi Canet.