Domingo 25 DE Agosto DE 2019
Nación

“Testigo 3” implica a magistrada Stalling y al vice Ruiz en crimen del sindicalista de la Defensa Pública Penal

Continúa audiencia de primera declaración de imputados por el MP y la CICIG en violenta muerte de Jesús Ramírez en 2012, poco después de salir de su vivienda.

Fecha de publicación: 22-07-19
Fotos: JM Lam
Por: Tulio Juárez

“Lo que se rumoraba es que Blanca Aída Stalling y Remberto Ruiz habían dado instrucciones de que se asesinara a Manuel de Jesús Ramírez”, ha afirmado este lunes en la audiencia de primera declaración una testigo que de esa manera implica a la suspendida magistrada de la CSJ y el aún viceministro administrativo de Gobernación en el ataque contra el sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), cometido el 1 de junio de 2012 en la zona 18 capitalina a los pocos minutos de que salió de casa.

Aparte de la colaboradora protegida y el funcionario del Mingob, ante el Juzgado E de Mayor Riesgo se encuentran presentes como señalados Fermín Iván Ortiz Maquín y Marvin René Donis Orellana por el delito de conspiración para el asesinato. Según la “testigo 3” presentada en el caso por la Fiscalía de Derechos Humanos, fue la manera de impedir que el secretario sindical continuara formulando denuncias en contra de Stalling –en ese momento directora de la institución– y Ruiz a quien intentaba “heredarle” el puesto.

Por lo tanto, la jueza Eva Recinos y las partes procesales han escuchado la mañana de hoy las afirmaciones de que Ruíz Barrientos habría sido el autor intelectual del hecho de sangre. La semana pasada y con base en lo afirmado por otros dos testigos, el Ministerio Público (MP) identificó al en esa época jefe de seguridad del IDPP Ronald Joaquín González como quien le disparó a la víctima. Los tres sindicados fueron detenidos el viernes 5 de julio en cateos policiales, con la CICIG y la Fiscalía.

El viceministro Remberto Leonel Ruiz Barrientos guarda prisión por ahora en el Mariscal Zavala, al igual que Ortiz Maquín y Donis Orellana. La suspendida magistrada Stalling goza de medidas sustitutivas que incluyen arresto domiciliario, por tráfico de influencias en favor de su hijo Otto Fernando Molina Stalling –absuelto con otras personas en el juicio por el investigado fraude IGSS/Pisa– y haber opuesto resistencia –incluso portando un arma de fuego– cuando investigadores la descubrieron y capturaron en un negocio de la zona 9.