Miércoles 17 DE Julio DE 2019
Nación

Ministerio de la Defensa descarta eventual derribo de aviones de estructuras dedicadas al narcotráfico

Fecha de publicación: 10-07-19
Por: Redacción / Agencias

El Ministerio de Defensa de Guatemala descartó este miércoles el eventual derribo de aviones dedicados al narcotráfico con las dos aeronaves Pampa III recién compradas a Argentina, mediante un proceso investigado por la Contraloría y el Ministerio Público del país centroamericano.

“Como firmante del Convenio de Chicago, Guatemala no tiene ley de derribo”, admitió el viceministro de Defensa, Jorge Ruiz, al ser interrogado sobre la compra de los cazas por una comisión del Congreso de la República.

Ruiz agregó que los Pampa III no traen armas, pero se les pueden adaptar e incluso llegar a lanzar misiles inteligentes, aunque el Gobierno pretende usarlos para escoltar a los llamados narco-aviones y obligarlos a aterrizar.

El llamado Convenio de Chicago, del año 1944, establece que ningún estado suscriptor puede derribar a las naves que invadan su espacio aéreo sin autorización, y en caso de hacerlo debe informar las razones a la Organización Internacional de Aviación Civil.

El ministro de la Defensa Nacional, Luis Miguel Ralda, explicó que el Gobierno adquirió los aviones Pampa III ante la necesidad de detectar y anular a las aeronaves que transportan droga en el espacio aéreo de Guatemala, algo imposible con los helicópteros existentes.

El funcionario afirmó que existía espacio en el presupuesto para financiar la compra por 28 millones de dólares, pero el Ministerio Público anunció el martes que la Fiscalía Contra la Corrupción investigará el procedimiento, ante denuncias de supuestas irregularidades.

Según el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, la compra de los Pampa III no pasó por los correspondientes procesos de licitación, amén de que tampoco existe un plan estratégico para combatir el narcotráfico que avale el uso de dichas aeronaves.

La Contraloría General de Cuentas agregó que el convenio de cooperación firmado en 1980 entre Guatemala y Argentina tampoco ampara la compra de estos aviones, como alega el Gobierno del presidente Jimmy Morales, y por ende no aprueba la compra.

De comprobarse que la adquisición contravino la Ley de Contrataciones del Estado, la Contraloría emitirá una sanción pecuniaria y luego procederá a una denuncia ante el Ministerio Público, con el ministro Ralda como principal responsable.

Ralda adelantó que los Pampa III serán pagados con recursos del Ministerio de la Defensa Nacional, sin precisar cuáles programas se verán afectados por el reacomodo presupuestario, y Argentina los entregará el próximo 30 de noviembre.

El director ejecutivo de la Fábrica Argentina de Aviones, Fernando Sibilla, anunció el pasado 4 de julio el acuerdo para la compra de los dos Pampa III, destinados a actualizar el desfasado parque de aviones de Guatemala.

Durante la presidencia de Otto Pérez Molina (2012-2015), Guatemala anunció la compra de seis aviones A-29 Súper Tucano por 133 millones de dólares a la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), pero la transacción fue suspendida al comprarse una sobrevaloración cercana a los 2,5 millones de dólares.

La flota aérea de Guatemala ha tenido aviones DC-6 y DC-12, PC-7 Pilatus, Focker, Pillan, Gran Caravan y Archel, algunos donados y otros vendidos por Estados Unidos, amén de varios helicópteros.

 

Sobrevalorados

La jefa de bloque Nineth Montenegro denunció que el mes pasado se modificó el Convenio de Cooperación Científica y Técnica suscrito entre los dos países en 1980, ahora para  permitir el suministro de equipo y capacitación de personal militar, sino la posible sobrevaloración de las dos aeronaves por las que Guatemala se comprometió a pagar esa millonada.

Por ejemplo, ha subrayado al respecto, el gobierno de Bolivia efectúa negociaciones por aviones similares por US$4 millones menos que el precio aceptado por las autoridades guatemaltecas. A su criterio, los cambios introducidos variaron la naturaleza del instrumento legal por lo que se debió elaborar el nuevo con aprobación del Congreso y no uno complementario.

“Si le modifican la naturaleza y el objeto, es mi opinión personal y la de nuestros abogados que ese es otro convenio porque sí se puede modificar, pero no ser contrario a las leyes del país y tampoco puede usarse para evadir la ley”, dijo al advertir de un fraude de ley. El viceministro aseguró que sí cuentan con respaldo legal y que la compra se hizo así por la urgencia de combatir al narcotráfico.