Domingo 15 DE Septiembre DE 2019
Nación

“La mano dura debe convertirse en mano competente, apta, eficiente” Sergio García Ramírez

El autor de más de 50 libros sobre temas jurídicos y criminológicos fue invitado al foro Hacia Dónde Vamos, realidades y propuestas en seguridad y la lucha contra la impunidad, convocado por organizaciones de derechos humanos.

Fecha de publicación: 12-06-19
SERGIO GARCÍA RAMÍREZ:
Por: EVELYN BOCHE elPeriódico

Usted propone que no se le puede pedir a la justicia penal que resuelva la justicia social. ¿Cómo se explica el planteamiento?

– Pareciera ser que quisiéramos resolver todos los problemas de una sociedad aplicando medidas penales. A la sociedad hay que encauzarla hacia medidas de justicia social, lo que significa generar condiciones de bienestar para la población, como empleo, educación, salud. La justicia penal debiera aplicarse por excepción, cuando han fallado otros instrumentos de control de la conducta.

En Guatemala se ha llevado a la justicia penal casos de corrupción que iban en detrimento de la justicia social. ¿Cómo debió abordarse?

– No quisiera juzgar el caso puntual. Lo que sí quisiera aclarar, es que el hecho de que pretendamos que a una sociedad se le conduzca por la vía de la justicia social no quiere decir que se deje de aplicar la justicia penal.

¿Pero no son estas demandas básicas, la garantía de una vida digna?

– Es un desacierto, es contrario a los ideales republicanos evadir las responsabilidades del Estado. Si el Estado no crea condiciones de desarrollo social está faltando a sus deberes y expone a la sociedad que gobierna a situaciones de violencia que pueden llegar a ser extremas.

¿De qué se trata el falso dilema de la renuncia a los derechos humanos en aras de mayor seguridad?

– A veces, se nos presenta este tema como una especie de dilema, en el que hay que elegir –mediante un discurso malicioso y equivocado– si la sociedad quiere paz y seguridad, olvidemos los derechos humanos y permitamos al Estado que actúe con severidad, inclusive con arbitrariedad, porque se dice que los derechos humanos son un estorbo. Es un dilema engañoso, se necesitan ambas cosas: en una democracia queremos disfrutar de nuestros derechos humanos, y la seguridad es uno de ellos.

¿Ese dilema es muy utilizado en las campañas que ofrecen mano dura?

– Hay proyectos, programas, discursos de mano dura en todo el mundo. Es una oferta errónea cuando no se sabe gobernar, de forma juiciosa con libertad y derechos. Combatir violencia con violencia genera más violencia. La mano dura debe convertirse en mano competente, mano apta, eficiente. Fuerte y firme, sí, pero no golpeadora.

¿Qué papel debe tener el Ejército en un Estado democrático?

– Sin hacer un juicio sobre el país, sino en términos de la seguridad pública, la Policía es la corporación concebida para ese fin. El Ejército sirve para resistir, para reaccionar ante una agresión armada, para defender la soberanía y el territorio.

¿La pena de muerte es un sitio común en las campañas electorales?

– Es un tema mundial. Va de retirada, paulatinamente. Hay muchos países y estados de la Unión Americana que la mantienen mientras que no existe ni en Latinoamérica ni en Europa. El Estado no tiene derecho de privar de la vida a sus ciudadanos, puede sancionar a través de un proceso y disponer la privación de libertad, pero no matar a sangre fría. Además, se ha demostrado que no es útil.

¿Qué hace poco atractivas para el elector las propuestas de rehabilitación de los delincuentes?

– La cirugía funciona para corregir enfermedades si hay un buen cirujano y un buen equipo, pero sin elementos, no funciona. Lo mismo pasa con la reeducación y la readaptación: si el que está obligado a hacerlo no lo sabe, no tiene resultado apetecido. Se ponen las prisiones en manos incompetentes y se les pide que rehabiliten… pero no pueden, no saben cómo hacerlo.