Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Nación

Viceministro minimiza advertencias de militares sobre boicot a elecciones

Según el fiscal contra Delitos Electorales, tras las amenazas se inició una investigación de oficio por coacción contra la libertad política.

 

Fecha de publicación: 25-05-19
El 16 de junio es la fecha prevista por el TSE para realizar la primera ronda de elecciones.
Por: FERDY MONTEPEQUEelPeriódico

Aunque el pasado lunes grupos identificados como veteranos militares, que exigen indemnización económica, bloquearon rutas principales del país y amenazaron con realizar actos violentos el próximo 16 de junio para evitar que se realicen las Elecciones Generales, el viceministro de Seguridad, Luis Arévalo, aseguró que estas solo fueron “palabras” por lo que, la cartera de Gobernación las evalúa como “nivel de riesgo bajo”. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Ministerio Público (MP) opinan lo contrario.

Ellos (militares retirados) se quedaron en palabras, realmente ahorita nosotros como Ministerio de Gobernación no podemos tomar ninguna acción propia en contra de estas palabras. Es el Ministerio Público el que deberá tomar en consideración las acciones que se están dando. Nosotros evaluamos como un nivel de riesgo bajo las expresiones”, dijo ayer Arévalo durante la instalación de la Mesa de Seguridad con miras al día de los comicios.

En tanto que Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía Contra Delitos Electorales del MP, indicó que tras conocerse las amenazas del grupo de personas quienes aseguran ser militares retirados, se inició una investigación de oficio por coacción contra la libertad política, delito tipificado en el Artículo 216 del Código Penal. “La Agencia de turno activó los protocolos específicos sobre la investigación y el tratamiento de esa denuncia y se están realizando las diligencias para determinar los hechos y los responsables”, sostuvo el fiscal.

Schaad agregó que, si el día de las elecciones se cometen actos violentos, intimidaciones o amenazas que impidan la realización de las votaciones en algún municipio o departamento, los responsables podrían incurrir en turbación del acto eleccionario, el cual contempla penas que oscilan entre los dos y ocho años de prisión.

Las declaraciones del Viceministro de Gobernación también fueron refutadas por el presidente del TSE, Julio Solórzano, quien calificó los bloqueos y amenazas como “un acto altamente delicado”, y agregó que “son actos que esperaríamos que toda la ciudadanía los cuestione por ser un atentado hacia el derecho al sufragio y amedrentamiento contra el proceso electoral”.

 

Edgar Homero Paredes es uno de los dirigentes militares que amenaza
en un video con no permitir las Elecciones Generales.

UN CAPITÁN RETIRADO

El capitán del Ejército en situación de retiro que aparece en un video divulgado por elPeriódico, en el que incita a sus colegas a no permitir la realización de las votaciones del 16 de junio, si el gobierno no les agiliza el pago de Q85 mil a cada excombatiente, fue identificado como Edgar Homero Paredes Fernández.

Paredes Fernández fue contratado en febrero de 2012 en el Ministerio de Gobernación como asesor del Quinto Viceministerio de esa cartera, cuando la institución estaba a cargo de Mauricio López Bonilla, según consta en el portal Guatecompras. En sus redes sociales comparte información del Partido Liberal de Guatemala (PLG), organización que no logró postular candidato presidencial en el actual proceso electoral.

En tanto, otro de los dirigentes de los veteranos militares de Guatemala, Francisco Calmo de León manifestó a la cadena de noticias CNN en Español que sus declaraciones han sido tergiversadas y negó que ese grupo haya amenazado con boicotear las Elecciones Generales a realizarse este 16 de junio.

“Yo lo que dije fue que si a bomba nos recibían, con bombas los podíamos detener. Se ha dicho que boicotearemos las elecciones, pero no, nosotros los militares veteranos de tropa de mi país respetamos la ley y no estamos locos para hacer eso, garantizaremos las elecciones”, apuntó.

Dijo que como presidente de la Asociación de Veteranos Militares, ha girado órdenes a los miembros de su grupo, para “poner seguridad en todas las urnas para que no haya una confusión que nos quieran cargar el conflicto. Habrá hasta 10 militares retirados en cada urna defendiendo el proceso”, refirió.

El próximo martes habrá una reunión del grupo en mención y luego De León dará declaraciones de las conclusiones a las que hayan llegado, se informó.

SIN CRITERIOS UNIFICADOS SOBRE CONFLICTIVIDAD

Ni el inspector del TSE, Óscar Sagastume, ni el viceministro Arévalo supieron justificar ayer por qué a 22 días para la realización de los comicios no existen criterios unificados sobre los mapas de posible conflictividad electoral.

La magistrada del Tribunal, María Eugenia Mijangos, presentó cifras parciales sobre los niveles de riesgo en las demarcaciones. Según la evaluación del TSE, 41 municipios se encuentran en riesgo crítico, 99 en rango medio, 118 en nivel bajo y 82 son considerados, por el momento, sin riesgo. Mijangos dijo que los nombres de los lugares no se harán públicos por seguridad y para evitar que estos sean estigmatizados.

Mientras que el Viceministro de Seguridad indicó que la cartera del Interior ha identificado que 88 de los 340 municipios se encuentran con probabilidades de conflictividad electoral, pero tampoco proporcionó más detalles. Arévalo atribuyó la diferencia en los datos a que las instituciones electorales junto con las de seguridad nacional no han unificado criterios para delimitar las zonas de riesgo, a pesar de que, según él, han sostenido varias reuniones previas en otra mesa llamada “De Prevención”.

Sagastume secundó a Arévalo al asegurar que las instituciones han mantenido “reuniones constantes” y dijo que la información sobre los focos de conflicto será unificada antes de que se lleve a cabo la primera vuelta de las Elecciones Generales. El inspector justificó que la variación de los datos no significa que exista incoherencias en los mapas de riesgo; sin embargo, al igual que el Viceministro, tampoco supo explicar por qué la unificación de criterios no se realizó con antelación.

La Mesa de Seguridad que quedó instalada ayer fue convocada el pasado martes por el presidente del TSE, tras el asesinato del presidente de la Junta Electoral de Acatempa, Jutiapa, Rudy Amán Monzón Herrera.