Jueves 19 DE Septiembre DE 2019
Nación

La radiografía de Guatemala ante los congresistas de EE. UU.

Por estos días se comienza la discusión en el Comité de Apropiaciones para el presupuesto de 2020.  

Fecha de publicación: 22-05-19
Por: Redacción ElPeriódico

La corrupción en Latinoamérica es un tema de interés para los congresistas estadounidenses, de acuerdo con un reciente informe del Congressional Research Service, (CRS), la unidad que nutre de información y análisis a dichos funcionarios, sin importar su afiliación partidaria.

El documento, que expone el panorama de la corrupción en Latinoamérica, señala que la estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. de 2017 caracteriza la corrupción como una amenaza para los Estados Unidos, porque los criminales y los terroristas pueden prosperar bajo gobiernos con corrupción desenfrenada.

Ante la preocupación en el Congreso por la debilidad del estado de derecho en América Latina y las prácticas corruptas en el sector público, el Congreso puede considerar aumentar su ayuda a los programas anticorrupción y apoyar los programas condicionales de
asistencia para reforzar la buena gobernanza y el estado de derecho, cita el documento.

Desde el año fiscal 2016, Estados Unidos ha condicionado su ayuda a los gobiernos de
El Salvador, Guatemala y Honduras a 16 preocupaciones legislativas, que van desde
los esfuerzos para mejorar la seguridad fronteriza hasta su protección de los derechos humanos.

También recuerda los mecanismos de sanción que EE. UU. ha implementado como el retiro de visas para funcionarios y personas involucradas en graves casos de corrupción, también señala que algunos analistas ponen duda esos mecanismos de diplomacia coercitiva y consideran que se debe apuntalar cambios institucionales.

En cuanto a las prioridades de la administración del presidente Donald Trump para el hemisferio, el reporte del CRS expone que a diferencia de las administraciones anteriores, Trump parece menos ansioso por presionar a los gobiernos para que cumplan con la ley y la transparencia, a menos que la corrupción esté vinculada a otros intereses de seguridad, como la migración desde Centroamérica.

El caso de Guatemala

Así, el apartado que se refiere a Guatemala, hace un recuento del trabajo de la CICIG y las acciones del gobierno de Jimmy Morales para frenar la lucha contra la corrupción.

El documento refiere, citando un informe de la CICIG de enero pasado, que la comisión ha apoyado al Ministerio Público en más de 100 casos, incluso contra el ex presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Con base en la misma fuente, el documento de la CRS expone que la comisión ha promovido más de 34 reformas legales para fortalecer la transparencia y la independencia judicial, y ayudó a identificar más de 60 redes criminales y aseguró más de 300 condenas.

Además, el CRS recuerda que en su informe de marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. destacó esos logros, pero también expuso preocupaciones, como la decisión gubernamental de expulsar a la CICIG de Guatemala, lo que pone en duda el compromiso de combatir la corrupción arraigada en el país.

También se señala que los ataques contra la CICIG y el sistema judicial han aumentado. Las tácticas de intimidación han incluido amenazas de muerte contra fiscales y jueces en casos de alto perfil contra la corrupción, y los intentos públicos y anónimos de desacreditar al jefe de la CICIG, así como a otros funcionarios, activistas y sus organizaciones, cita el informe.
Y recuerda que pese a que Jimmy Morales asumió bajo el compromiso de que su gobierno tendría políticas de cero tolerancia a la corrupción y aseguró la continuidad de la CICIG, incluso de prolongar el mandato hasta 2021, ha obstaculizado la labor de la Comisión al punto de suspender el mandato que se había asegurado hasta septiembre de 2019.

Morales ha tratado de debilitar y ahora expulsa al CICIG, señala el documento del CRS. El presidente reemplazó a algunos de sus más reformistas ministros del gabinete y funcionarios que trabajaron estrechamente con la CICIG y la oficina del fiscal general con aliados políticos más cercanos, añade.

Expone que agosto de 2018, la recién nombrada Fiscal General, María Consuelo Porras, junto con la CICIG, pidieron que se despoje al Presidente Morales de su inmunidad para que se puedan investigar los cargos de corrupción en su contra. Aunque la Corte Suprema de Guatemala aprobó la solicitud, fue bloqueada en el Congreso de Guatemala, donde casi la mitad de los diputados están bajo investigación o tienen procesos judiciales pendientes en su contra por corrupción u otros delitos.

Y enumera las acciones de Morales para expulsar a funcionarios de la CICIG pese a las resoluciones de la CC que revocaron dicha decisión. También recuerda otra faceta de los ataques hacia la comisión, como el intento de asfixia financiera por US$6 millones -por el cabildeo de la familia Bitkov-, que fueron desbloqueados en junio pasado.

Para el presente año, EE. UU. mantiene una asignación de US$6 millones.

El documento señala que la información no se debe confiar para otros fines más que para la comprensión pública de la información que el Servicio de Investigación del Congreso le aporta a sus miembros.