Martes 25 DE Junio DE 2019
Nación

Señalan debilidad en instituciones de seguridad y justicia

Guatemala es considerado el décimo país más violento de Latinoamérica y el décimo tercero a nivel mundial.

Fecha de publicación: 21-03-19
Los aspirantes a agentes de la PNC reciben un curso básico de varios meses antes de graduarse.
Por: Luisa Paredes

El nivel de victimización en el país se redujo en los últimos trece años, de acuerdo con una encuesta realizada por CID-Gallup. El estudio señala que en el 18 de porciento de los hogares guatemaltecos, reside una persona que ha sido víctima de la delincuencia en los últimos cuatro meses.

La tasa de homicidios también se redujo, debido a que en 2017 se registró una tasa de 26.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2018 la cifra fue de 22.4. Sin embargo, Guatemala aún se encuentra en el décimo puesto de los países latinoamericanos más violentos y el número 13 a nivel mundial, según el medio especializado InsightCrime.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN),  las estadísticas reflejan debilidades en las instituciones de seguridad y justicia. La entidad señaló que la Policía Nacional Civil (PNC) enfrenta la problemática de falta de capacidades, cuestionamientos sobre ascensos recientes y no poder realizar proyectos de inversión debido a que sus sedes no son propiedad del Estado.

La coordinación interinstitucional para realizar la investigación criminal también es otro tema que debe ser reforzado. De acuerdo con el investigador del CIEN, Francisco Quezada, las instituciones como el Ministerio Público (MP), La Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), Director General de Investigación Criminal (DIGICRI) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) se pongan de  acuerdo para afianzar la coordinación interinstitucional.

La sobrepoblación en el Sistema Penitenciario (SP) también es uno de los aspectos preocupantes debido a que se registra una tasa de ocupación promedio de  350 por ciento.

Además, el 41 por ciento de privados de libertad que están en prisión preventiva, tienen más de dos años en espera a que finalice el proceso judicial en su contra. “Se debe disminuir el hacinamiento para retomar el control de las cárceles y planear a futuro el cambio hacia el nuevo modelo de gestión penitenciaria” afirmó el investigador, Walter Menchú.