Martes 16 DE Julio DE 2019
Nación

Persistencia de redes ilícitas en el Congreso, detalla informe

Ese organismo del Estado “se ha convertido en una tribuna de confluencia y pacto entre actores económicos, políticos, militares y criminales que se han beneficiado impunemente de poder y enriquecimiento indebidos”, enfatiza estudio privado.

 

 

Fecha de publicación: 20-03-19
Por: Redacción / elPeriódico

La dinámica del Congreso y su agenda están influenciadas por redes político–económicas ilícitas (RPEI) que se mantienen en ese organismo del Estado para favorecer a ciertos sectores y mantener la impunidad en el país, destaca un informe presentado este miércoles por la Fundación Myrna Mack y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El estudio señala que a pesar de la exigencia ciudadana de un cambio en la política nacional, tras los casos de corrupción revelados en 2015 y que culminaron con las renuncias de los entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxanna Baldetti, las elecciones de ese año tuvieron un 52.5 por ciento de reelección parlamentaria que permitió a dichos grupos perpetuarse en el poder.

De acuerdo con el documento, se puede identificar a un grupo que se une para mantener el status quo. Lo integran 56 legisladores de las bancadas FCN-Nación, Todos, Alianza Ciudadana, PAN y Unionista. Tiene como actores claves al presidente Álvaro Arzú Escobar, a Estuardo Galdámez, Javier Hernández, Felipe Alejos, Oscar Armando Escriba y Juan Ramón Lau, entre otros.

También se identificó a un círculo secundario con integrantes de Compromiso, Renovación y Orden, Encuentro por Guatemala, Fuerza, Movimiento Reformador, UNE, URGN, VIVA, WINAQ e independientes, cuya preocupación primordial son las reformas al Código Penal para modificar la tipificación y la penalización del delito de financiamiento electoral ilícito.

“El Congreso se ha convertido en una tribuna de confluencia y pacto entre actores económicos, políticos, militares y criminales que se han beneficiado impunemente de poder y enriquecimiento indebidos” y que entró en conflicto con actores que buscan la depuración del sistema, como la CICIG, el Ministerio Público (MP), algunos tribunales y el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), señala.

Congresistas cuestionables

El documento evidencia que 12 de las 158 personas electas no pudieron ocupar su curul en 2016. Nueve debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no les adjudicó los cargos por enfrentar procesos judiciales activos. Mientras, otros tres no pudieron asumir las curules por tener prohibición constitucional y ser contratistas del Estado.

Además, esta investigación de la Fundación Myrna Mack y la CICI contabilizan 12 parlamentarios que han salido de la nómina del Congreso a consecuencia de afrontar señalamientos de la comisión de actos ilícitos. Y actualmente 10 de los representantes tienen procesos de antejuicio en contra o están bajo investigaciones penales.

Otro fenómeno observado es el continuismo generacional: al menos seis hijos o hijas de legisladores o excongresistas participan en el periodo actual. El informe también describe al transfungismo como una forma de intercambio electoral–mercantil implementado para negociaciones políticas y que ha sido un mecanismo clave para la reelección.