Jueves 18 DE Abril DE 2019
Nación

Una amnistía nunca debe concederse a quienes cometen crímenes de lesa humanidad, advierte el senador Patrick Leahy

Además, advierte que si finamente desaparece la CICIG antes de septiembre cuando concluye el mandato, “sería una señal de que las tácticas de intimidación y obstrucción de la justicia del gobierno de Morales dieron resultado”.

Fecha de publicación: 13-03-19

Patrick “Pat” Joseph Leahy, Jr., influyente senador demócrata ha expresado este miércoles desde Washington su profunda preocupación porque el Legislativo guatemalteco tiene programado hoy conocer en otra lectura el proyecto de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. En otras ocasiones él ha destacado que “una amnistía nunca debe concederse a quienes cometen crímenes de lesa humanidad…”

Expone que “el Congreso de Guatemala trata sobre la guerra, los crímenes y los crímenes de lesa humanidad. Si se aprueba la legislación de amnistía, los que cumplen penas de prisión serán liberados con 24 horas. El Congreso guatemalteco ha tenido durante mucho tiempo la reputación de ser corrupto, y absolver a los oficiales militares que cometieron crímenes atroces es claramente una recompensa para obstruir la justicia y socavar el Estado de derecho”.

Leahy recuerda que este país fue devastado “por tres décadas de conflicto armado interno que incluyó crímenes de genocidio. Aproximadamente (los de) 200 mil personas, en su mayoría campesinos mayas rurales, fueron cometidos por el ejército. Los acuerdos de paz que pusieron fin a ese desastre nunca se implementaron, y durante décadas a las víctimas de esos crímenes se les negó la justicia”.

Por lo tanto, advierte que “ahora el Congreso de Guatemala, con el apoyo del presidente Morales, está a punto de añadir (otro) insulto a la lesión”.

La impunidad

Al mismo tiempo, el representante por el estado de Vermont advierte de los riesgos que conllevará para el país centroamericano que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sea finalmente expulsada:

–       “Esto es extremadamente preocupante por varias razones. Primero, los donantes pagarían simplemente para mantener las luces encendidas. En segundo lugar, la CICIG dejaría de funcionar medio año antes del final de su mandato”.

–       “Durante los últimos años, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ha trabajado en colaboración con el Ministerio Público de Guatemala. Esa asociación ha permitido a valientes fiscales guatemaltecos investigar y llevar a juicio los casos que podrían haber seguido sin el escudo internacional y la asistencia proporcionada por la CICIG.

–       También ha permitido al Tribunal Constitucional valiente defender a las débiles instituciones judiciales de Guatemala. El pueblo guatemalteco finalmente vio que la justicia es posible (sobre) funcionarios públicos de alto rango, incluidos oficiales militares de alto rango y élites corporativas. No en vano, esa colaboración feroz se opone desde su inicio.

–       El papel de la CICIG: los funcionarios y las élites de más alto rango temían convertirse en el objetivo de las investigaciones de corrupción, y el año pasado esa oposición culminó con el presidente Morales expulsando al Comisionado de la CICIG y posteriormente anunciando que el acuerdo por el que se establece la CICIG se daría por terminado de inmediato.

–       Ese anuncio se realizó, sin previo aviso, después de meses de negociaciones entre los guatemaltecos, las Naciones Unidas y los Estados Unidos, que habrían establecido la posición de Comisionado Adjunto, así como ciertos requisitos de información y supervisión.

–       En respuesta a ese anuncio, así como a otras tendencias en Guatemala, la semana pasada el senador Cardin y yo, junto con los representantes Torres y McGovern, introdujimos una legislación en el Senado y la Cámara de Representantes titulada “Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho de Guatemala”.

–       De hecho, el gobierno de Morales carece de autoridad para restringir unilateralmente un acuerdo con las Naciones Unidas, un punto que quedó claro por el Secretario General de la ONU. Los envíos de la CICIG continúan vigentes hasta septiembre de 2019, momento en el cual puede o no renovarse. Sin embargo, me preocupa que haya algunos que creen que la CICIG debería reducir significativamente sus actividades y, para todos los efectos, desaparecer en la puesta del sol.

–       El personal de la CICIG no buscaría más juicios ni realizaría más investigaciones. Esencialmente, la CICIG interrumpiría sus actividades públicas y su personal se limitaría a prepararse para el cierre que probablemente ocurrirá en septiembre. Esto es extremadamente preocupante por varias razones. Primero, los donantes pagarían simplemente para mantener las luces encendidas.

–       En segundo lugar, la CICIG dejaría de funcionar medio año antes del final de su mandato. Esto supondría una enorme pérdida de tiempo y recursos que podrían utilizarse para perseguir casos importantes y garantizar su entrega al Ministerio Público. Tercero, enviaría un mensaje terrible al pueblo guatemalteco, especialmente a las familias de las víctimas.

–       El trabajo de la CICIG bajo el comisionado Iván Velázquez ha sido no solo para Guatemala, sino para toda Centroamérica. Todavía hay muchos casos bajo investigación. Abandonar estos casos sería un grave error. Sería una señal de que las tácticas de intimidación y obstrucción de la justicia del gobierno de Morales dieron resultado.

–       Socavaría los futuros esfuerzos anticorrupción en Guatemala y enviaría un mensaje terrible a los esfuerzos anticorrupción en Honduras y los esfuerzos incipientes en El Salvador, de las Naciones Unidas y la comunidad internacional.

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