Miércoles 21 DE Agosto DE 2019
Nación

Vista pública: Piden a CC confirmar permanencia de la CICIG en el país

Marco Vinicio Mejía, excatedrático de Jimmy Morales, advierte que el presidente no posee la facultad legal de derogar un decreto aprobado por los diputados del Congreso.

Fecha de publicación: 21-02-19
Por: Katerin Chumil / elPeriódico

El Procurador de Derechos Humanos (PDH), Augusto Jordán Rodas Andrade, y el representante de Acción Ciudadana (AC) Eddie Cux, han solicitado hoy a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspender en definitiva la decisión del Gobierno de dar por terminado el mandato que dio vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Durante la vista pública celebrada este jueves en la sede del máximo tribunal del país, los interponentes de una serie de recursos pronunciaron sus alegatos a favor de la permanencia de la misión antimafias creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y respaldada por la comunidad internacional.

Por ejemplo, Claudia González, mandataria de la Comisión Internacional, señaló que el acuerdo gubernativo de cancelación emitido por el Estado es un acto público arbitrario. Otro abogado, Marco Vinicio Mejía Dávila, excatedrático de Jimmy Morales en la Facultad de Administración, dijo que como Presidente no tiene la facultad de derogar un decreto aprobado por el Legislativo.

Manfredo Marroquín, director de AC, calificó de “preocupante” que el Ministerio Público efectúe una petición sin mayores fundamentos: “El MP y la CICIG se supone que trabajan de la mano y que no tenga elementos de juicio para defender a su socio principal en el combate de la corrupción”, se lamentó en conferencia de prensa, luego de que fueran escuchados por la CC.

Suspenden decisión

El pasado 9 de enero y mediante un amparo provisional que otorgó a diferentes personas e instituciones que recurrieron ante ella, la Corte de Constitucionalidad suspendió la decisión del Ejecutivo de dar por concluido el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El gobierno se ha negado a aceptar el fallo.

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