Miércoles 26 DE Junio DE 2019
Nación

Defensora de “Sammy” Morales tiene contratos con el Mindef

Liseth Gramajo es asesora jurídica de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

 

Fecha de publicación: 14-02-19
Liseth Gramajo representó a Sammy Morales en la gestión de sus antecedentes policiales.
Por: EVELYN BOCHE* eboche@elperiodico.com.gt

La abogada Liseth Gramajo, que representó a Samuel Everardo Morales en la gestión de sus antecedentes policiales y que junto a Óscar Poroj ejerce su defensa técnica en el caso Botín Registro de la Propiedad, también es asesora del Ministerio de la Defensa (Mindef).

En enero de 2017 –al tiempo que se presentó ante la justicia el caso que involucra al hermano del Presidente y que demandó el auxilio de un abogado– Gramajo fue contratada por el Ministerio de la Defensa como asesora jurídica de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa.

Los documentos disponibles en el portal de adquisiciones públicas, Guatecompras, muestran que en 2017 y 2018 Defensa suscribió con Gramajo dos contratos bajo la modalidad de excepción, es decir, sin ningún proceso de selección previo. En cada uno de los documentos se pactan honorarios mensuales de Q5 mil 930, que en total suman Q71 mil 160 por año.

El primero de los contratos fue avalado por el exministro Williams Mansilla y el segundo por el titular de la cartera, Luis Ralda.

Pérez explicó que según la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, la Dirección de Inteligencia tiene a su cargo “la obtención y producción de información referente a amenazas militares externas” así como las internas, por mandato constitucional.

RESERVA MILITAR

El vocero de la cartera, Óscar Pérez, expuso que, por confidencialidad, no podía profundizar en datos personales sobre las calidades de Gramajo para ser contratada en Inteligencia del Estado Mayor. elPeriódico llamó y envió mensajes a la profesional, pero no se obtuvo respuesta.

Se necesita una abogada porque, para la búsqueda de inteligencia o en algunos procesos, se necesita estar empapado de la ley y no quebrantar ninguna garantía constitucional o situación legal, añadió Pérez. Al cuestionar por qué se necesita otro profesional, cuando el Ministerio ya cuenta con un departamento jurídico, Pérez indicó que no es específica para temas de inteligencia. ¿Cuántos abogados integran esa unidad? “Es información reservada”, indica el portavoz.

Bajo ese mismo argumento, Pérez indicó que no es posible conocer el detalle de los productos o servicios que Gramajo presta a cambio de los honorarios que Defensa le paga. De manera general, las atribuciones de un asesor jurídico son según Defensa, entre otras: recibir, revisar y tramitar expedientes y resolver consultas; participar, promover, asesorar y coordinar estudios, proyectos y programas; brindar asesoría, tanto verbal como por escrito.

Al consultar qué tipo de expedientes se tramita… “definitivamente están clasificados”, se anticipó el portavoz del Mindef.

¿No hay suficientes abogados en las filas militares? Sí los hay, expone Pérez, pero están a nivel de inteligencia estratégica, en política de defensa, están arriba, justifica el vocero.

Gramajo Trampe es egresada de la Universidad Mariano Gálvez. Se graduó en 2009, tras presentar su tesis titulada Análisis normativo de la prescripción de la hipoteca ante el registro general de la propiedad y sus efectos en el proceso ejecutivo en la vía de apremio en trámite.

En septiembre de 2016, cuando se conoció que el Ministerio Público investigaba a Sammy Morales y a su sobrino, José Manuel, el abogado Gustavo Barreno dijo en una entrevista radial que había sido contactado por una secretaría de gobierno. Entonces, aclaró que había sido contratado por Jimmy Morales.

Barreno acompañó el proceso judicial hasta agosto de 2017.

OFRECIÓ CAMBIOS EN LA CICIG

Una nota del medio digital Soy502, reportó en noviembre de 2017, que la abogada Liseth Gramajo Trampe visitó a varios implicados en el caso Botín Registro de la Propiedad, con el propósito de ofrecerles asesoría a ellos y a sus abogados, bajo la promesa de que “en septiembre habrá cambios en la CICIG”.

*Con información de F. Montepeque.