Sábado 19 DE Octubre DE 2019
Nación

Impunity Watch señala que los jueces de Mayor Riesgo sufren injerencia indebida

Actos de persecución, vigilancia y hostigamiento violentan la independencia judicial, detalla el informe.

Fecha de publicación: 13-02-19
La jueza Erika Aifán ha conocido casos de alto impacto, entre ellos el proceso contra la familia Bitkov, de origen ruso.
Por: Redacción/elPeriódico

En su más reciente informe, Impunity Watch Guatemala señala que el Estado, lejos de salvaguardar la vida e integridad personal de jueces y proteger a todos los operadores de justicia, se ha dedicado a ejercer presión desde instituciones estatales para persuadir a los jueces de Mayor Riesgo e injerir en sus resoluciones.

“Algunos han sido objeto de persecución y vigilancia, han recibido múltiples denuncias penales y administrativas por parte de procesados y sus abogados defensores, sufren campañas de desprestigio y señalamientos infundados por parte de funcionarios del Gobierno y el Congreso de la República, y son constantemente hostigados a través de las redes sociales”, dicta el documento.

Mencionan el caso de los jueces Erika Aifán y Pablo Xitumul, quienes en 2018 denunciaron persecución y vigilancia. Xitumul señaló que fue insultado por un individuo cuando ingresaba a un centro comercial, semanas después, dijo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo fotografiaron cuando visitaba la Antigua Guatemala.

Aifán por su parte, denunció persecución de dos vehículos el 31 de agosto de 2018, sin embargo, sorpresivamente, el Organismo Judicial sin justificación alguna, intentó despojarla del vehículo blindado asignado para su seguridad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita a Guatemala de 2017, señaló que junto al avance de la lucha contra la corrupción en el país, se han registrado ataques y amenazas contra operadores de justicia.

También denunció hostigamientos, agresiones y amenazas, utilizados como instrumentos de control e intimidación al ejercicio de la labor judicial de quienes participan en casos de alto impacto de corrupción, graves violaciones a derechos humanos o aquellos en donde se encuentran en juego importantes intereses económicos.

Denuncias

Entre 2015 y 2018 fueron presentadas 33 denuncias penales en contra de jueces de Mayor Riesgo. Éstas las tramitó la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), siendo los jueces con más denuncias, Erika Aifán (8 veces), Pablo Xitumul (5 veces), Miguel Ángel Gálvez (4 veces) y Silvia De León (4 veces).

Además, entre 2016 y 2019 han sido planteadas 22 solicitudes de antejuicio en contra de jueces de Mayor Riesgo. “Es importante mencionar que este tipo de denuncias generan un desgaste innecesario para los jueces, quienes en ocasiones deben contratar abogados o invertir tiempo para defenderse”, señala el estudio.

Las presiones de la ONPT

El documento señala las presiones ejercidas por la Oficina Nacional de Prevención de Tortura (ONPT), la cual “ha desvirtuado su mandato y se ha convertido en un instrumento de hostigamiento y criminalización para los jueces independientes que conocen casos de Mayor Riesgo”.

Dicha oficina ha señalado falsamente a jueces de cometer actos de tortura en contra de procesados y recomendar la libertad exclusivamente de personas que guardan prisión preventiva en casos de corrupción.