Jueves 18 DE Julio DE 2019
Nación

Adversan reformas a la Ley 02-2003 porque busca someter a las ONG al Mingob

Directivos señalan que las reformas contenidas en el proyecto 5257 violentan el derecho a la organización y a la libre expresión

Fecha de publicación: 12-02-19
Por: Óscar F. Herrera oherrera@elperiodico.com.gt

Organizaciones de la sociedad civil adversan las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo Decreto 02-2003 que está agendada para ser discutida en el pleno del Congreso de la República, mañana miércoles 13, ya que consideran que violenta los derechos a la libre organización y a la libertad de expresión.

De acuerdo con Helmer Velásquez, representante de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, la discordia inicia con la propuesta de reforma al Artículo 6 de la Ley de ONG, donde indica que los asociados a cualquiera de estas organizaciones responderán por las obligaciones de éstas “con su patrimonio”, lo que desestimula la asociatividad, indicó.

“Ya nadie va querer estar asociado a ninguna entidad porque puede perder sus bienes. Ni siquiera se ha aplicado a funcionarios corruptos, nos parece que se penaliza la organización social y es un atentado contra el patrimonio de nuestros asociados que en su mayoría es gente que no tiene salario y se asocian por voluntad propia”, refirió Velásquez.

Las reformas incluyen para las ONG nacionales el registro ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo que actualmente ya hacen, sin embargo, para las ONG internacionales, agrega un tercer registro ante al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

“Esto burocratiza el proceso de registro y a las ONG internacionales les complica más con un tercer registro. Van complicando la organización social”, apuntó Velásquez.

Velásquez agregó que el proyecto de reformas incluye que toda donación, cuando la fuente sea externa, deberá ser informada al Minex dentro de los 30 días siguientes de haberse recibido.

El Artículo 22 contempla dejar a discrecionalidad del Ministerio de Gobernación calificar si las ONG cumplen o no sus estatutos. “Por ejemplo, una expresión pública sobre determinada política podría entenderse que no está dentro de nuestros estatutos y eso podría ser causa para la cancelación, lo que violenta la libre expresión”, indicó.

“Eso es fácil de entender que nuestras actividades de rechazo al pacto de corruptos, podrían entenderse como una alteración al orden público y suprimirnos”, concluyó el entrevistado.