Jueves 20 DE Junio DE 2019
Nación

Instituciones quitan apoyo a CICIG, que asegura continuará su trabajo

La fiscal general Consuelo Porras confirmó que los analistas del MP, personal de la IVE y de la SAT regresaron a sus oficinas.

 

Fecha de publicación: 24-01-19
La Fiscal General confirmó ayer que los analistas que trabajaban en la Comisión regresaron al MP.
Por: EVELYN BOCHE elPeriódico

No solo la Policía Nacional Civil (PNC) ha retirado el apoyo a la CICIG. Ayer, la fiscal general, Consuelo Porras, anunció que los analistas que trabajaban para la Comisión, se reincorporaron al Ministerio Público (MP).

De la misma forma, el personal de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Gobernación, regresó a sus áreas de trabajo.

“En el momento en que decide CICIG retirarse por las situaciones que se estaban dando, pues automáticamente, todo el recurso de las instituciones que estábamos prestando colaboración, fueron reintegrados a sus dependencias”.

El MP tenía analistas criminales apoyando la gestión de la CICIG, por lo que al suspenderse las actividades, los expertos volvieron a ponerse a disposición del MP para continuar el trabajo con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), detalló Porras al ser consultada por periodistas, tras la inauguración de un sistema de videoconferencia en Escuintla.

“Hubiera también alguna infracción que yo hubiera aceptado al personal o la IVE o la SAT”, respondió Porras cuando los periodistas le preguntaron si el retiro del apoyo policial supone una infracción a las resoluciones de la CC que ordenan al Gobierno de Guatemala que cumpla con el mandato de la CICIG hasta septiembre de 2019.

Porras señala, que como la Comisión decidió suspender operaciones, cada institución retomó a su personal.

El 7 de enero pasado, el gobierno anunció el cese unilateral y anticipado del mandato de la Comisión, cuyo mandato se prorrogó hasta septiembre de 2019.

ANTECEDENTE

Ante la amenaza del gobierno de expulsar al personal internacional, en contingencia, Naciones Unidas los sacó del país. Esto fue días después de que un investigador colombiano permaneció más de 26 horas retenido por autoridades migratorias en la Terminal Aérea.

El 9 de enero, la Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso el acuerdo gubernativo 2-2019 que dio por terminado el acuerdo con Naciones Unidas para el establecimiento de la CICIG y exhortó al gobierno a brindar todo el apoyo para su debido funcionamiento.

Porras asegura que continúan trabajando desde el MP. Pero desde el Ejecutivo no se muestra apoyo a la continuidad del trabajo, porque la PNC retiró a investigadores asignados a la FECI, como lo confirmó el fiscal Francisco Sandoval. Se trata de elementos que realizaban el trabajo de campo con los investigadores policiales internacionales de la CICIG, detalló el fiscal.

Mientras, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, informó que el comisionado de la CICIG Iván Velásquez se ha comunicado por escrito con Porras para informar que la Comisión seguirá trabajando en Guatemala, en función de su acuerdo.

Naciones Unidas reiteró que continuará con el trabajo, pese al retiro del apoyo policial, en cumplimiento al acuerdo y a la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

PERSISTE DESOBEDIENCIA

Pero esa resolución parece ser inexistente para el Ejecutivo. Un despacho policial –con fecha 23 de enero– filtrado a la la cadena noticiosa CNN, detalla que la ministra de Relaciones Exteriores Sandra Jovel, le pide al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, que “realice las acciones convenientes” para cumplir con el acuerdo 2-2019. En la nota se ordena la reconcentración de los agentes asignados a la CICIG.

Para Porras parece que tampoco nada ha pasado, porque asegura que “ningún caso se caerá” pese a la ausencia de la CICIG como querellante adhesivo, pues ni retrasa ni define las sentencias, puntualizó, y restó importancia al retiro de los expertos que apoyan el trabajo de la Comisión.

CLARIDAD JURÍDICA, FORCEJEO POLÍTICO

El abogado Álvaro Castellanos Howell señala que desde el punto de vista jurídico, el panorama es claro: el mandato de la CICIG está vigente, porque el acuerdo que le pone fin no cumplió con las normas del derecho internacional, uno de los razonamientos que la CC valoró para dejarlo en suspenso. “Se están generando responsabilidades legales por el incumplimiento de todas esas disposiciones y acuerdos”, agrega. En el ámbito político, hay un forcejeo, en el que nuevamente intervendrá el árbitro de última instancia, la CC.

“En ningún momento ha suspendido sus operaciones en Guatemala”.

Matías Ponce, portavoz de la CICIG.