Miércoles 24 DE Abril DE 2019
Nación

Juez ordena investigar a autoridades de Migración

Uno de los detenidos declaró ante el Juzgado de Turno que solicitó instrucciones al director adjunto sobre cómo procedían con el investigador de la CICIG.

 

Fecha de publicación: 08-01-19
Los trabajadores de Migración fueron ligados a proceso por dos delitos. Por: RONY RÍOS rrios@elperiodico.com.gt

El juez de turno, Víctor Funes, ordenó al Ministerio Público (MP) que ampliara la investigación por desobediencia a un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) –en el que se ordenaba dejar entrar al país a los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– a las autoridades migratorias, ya que uno de los dos detenidos el domingo en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) declaró que “solamente seguía órdenes de arriba”.

Esa orden fue dada por el juez, luego de ligar a proceso a Miguel Antonio Cantoral Dávila e Irma Cruz Suntecún –los dos delegados de Migración que vedaron el ingreso del investigador de la CICIG, Yilen Osorio– por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes.

Cantoral declaró ante el juez que, posterior a la alerta que impedía el ingreso de Osorio “por orden nacional”, se comunicó con el director adjunto de Migración, Rubén Aguilar, y le dieron instrucciones de no otorgar el ingreso del investigador de la CICIG.

El juez fijó una caución de Q5 mil a los sindicados y dio al MP cuatro meses para presentar la acusación en contra de Cantoral y Suntecún.

EL DEFENSOR

Axel Javier Urrutia Canizales, abogado defensor de Cantoral y Suntecún, fue asesor de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación (Mingob) desde el 16 de noviembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.

Según dos adjudicaciones del Mingob, publicadas en Guatecompras, Urrutia Canizales debía recibir Q201 mil 532.26 por brindar asesoría en ese tiempo.

Urrutia Canizales alegó que las capturas de Cantoral y Suntecún no se podían tipificar como flagrantes porque entre la supuesta comisión de los delitos y las detenciones, transcurrieron más de 20 horas.

“El conflicto entre el Presidente y la Comisión es problema de ellos, nosotros debemos de velar por la legalidad del país”.

Juez Víctor Funes.

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