Lunes 22 DE Julio DE 2019
Nación

Congreso reforma el delito de financiamiento electoral ilícito

Los legisladores adicionan un nuevo inciso y crean el delito de financiamiento electoral no registrado el cual tiene una pena de hasta cinco años.

 

Fecha de publicación: 18-10-18
Con más de 90 votos los diputados aprobaron las modificaciones al artículo 407 N del Código Penal.
Por: ENRIQUE GARCÍA elPeriódico

Más de 90 diputados del Congreso modificaron ayer, sin ningún problema, el artículo 407 “N” que regula el delito de financiamiento electoral ilícito, en el Código Penal; el delito por el cual el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron que se retire la inmunidad al presidente de la República Jimmy Morales y a los diputados Nineth Montenegro y Orlando Blanco.

La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue quien presentó dos enmiendas: la primera para hacer leves cambios a la redacción del artículo 407 “N” y una segunda que adiciona un inciso nuevo y se crea el delito de financiamiento electoral no registrado. La única diputada que se manifestó en contra de la aprobación fue Andrea Villagrán, quien calificó como “grave” el cambio que fue avalado en varias votaciones por mayoría.

“La Corte de Constitucionalidad conminó al Congreso hacer esta reforma y no la declaró inconstitucional”, dijo el legislador Oliverio García Rodas. El diputado de UNE, Julio Ixcamey, indicó que con el cambio no se beneficiará a determinadas personas y que solo cumplieron con la “exhortativa de la CC”.

LAS MODIFICACIONES

El artículo 407 en su inciso “n” queda tal como está en la actual normativa. Penas de cuatro a 12 años de prisión inconmutable para la persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas proveniente del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito en el Código Penal.

Lo que agregaron los congresistas como un texto nuevo es el delito de financiamiento electoral no registrado. El nuevo inciso señala que quien realice aportaciones dinerarias o en especie a las organizaciones políticas o a sus candidatos, para actividades proselitistas y no se acredite la identidad del “donante” será sancionado con prisión de uno a cinco años. Este cambio podría favorecer a los políticos y personas señaladas en casos actuales por financiamiento ilícito presentados por el MP y la CICIG, ya que según la Constitución en su artículo 15, la ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo, además en el Código Penal la comutación de la prisión se da cuando la pena no excede de los cinco años.

Agrega en el mismo párrafo que las acciones administrativas no constitutivas de delito serán sancionadas como los establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los artículos 88, 90 y 93 de la Ley establecen los motivos por los cuales puede cancelarse un partido político.

A FAVOR

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado en relación a la reforma aprobada ayer. De acuerdo al documento, los cambios “contribuyen a clarificar el marco legal para el financiamiento electoral” y la calificaron como una medida positiva para que los aportes lícitos se otorguen a las organizaciones que participarán en la contienda.