Viernes 24 DE Mayo DE 2019
Nación

Las aseveraciones con y sin fundamento que el presidente Morales expresó en la ONU

Fecha de publicación: 26-09-18
El discurso del mandatario duró un poco más de 20 minutos ante la ONU. Por: Cindy Espina cespina@elperiodico.com.gt

“Con la frente en alto puedo decirles que nuestra gestión gubernamental no tiene ningún señalamiento de corrupción”.

El 13 de septiembre de 2017, Jimmy Morales se vio obligado por la Contraloría General de Cuentas a devolver al Estado Q450 mil, esto después de que se descubrió que el ministro de la Defensa, Williams Mansilla, aprobó un acuerdo gubernativo, en el cual el funcionario autorizó darle un bono mensual de Q50 mil.

Paulina Paiz, como colaboradora eficaz, ofreció su testimonio indicando la manera en que canalizó el financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación, cuyo secretario general era Jimmy Morales, tanto en la primera y segunda vuelta electoral.

“En los últimos años la CICIG empezó a ser cuestionada con mayor frecuencia, y para nuestro asombro, uno de los casos que más trascendió a nivel mundial, fue el caso relacionado con la persecución de una familia rusa: la familia Bitkov. La misma Comisión Helsinky, del senado de los Estados Unidos de América, le ha pedido cuentas a la CICIG y esta Comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones”.

En esta parte, el mandatario omitió decir que la familia Bitkov acusó a la CICIG de persecución ilegal liderada por el Gobierno ruso. La misma Comisión Helsinky ordenó a la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) investigar el caso y esto fue lo que encontró:

“A través de nuestra Embajada en Guatemala, después de investigar, no hemos encontrado ninguna evidencia de que haya existido confabulación… No hay ninguna prueba en nuestra investigación hasta ahora, de ningún tipo de conexión entre CICIG y el Gobierno ruso”, dijo embajador Keneth H. Marten al congresista republicano, Chris Smith, presidente de la Comisión Helsinky.

“Quiero dejar claro, que no defenderé a corruptos y no abogaré por nadie que tenga un proceso judicial que enfrentar con la justicia guatemalteca”.

El Presidente dice estas palabras, cuando hay un proceso judicial en su contra, después de que el Ministerio Público y la CICIG solicitaran el retiro de su derecho a antejuicio, basados en los serios indicios y elementos de covicción, que permiten colegir objetivamente que recibió financiamento de forma anónima en su campaña política, lo cual lo prohíbe la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala.

El hijo mayor del Presidente y su hermano también enfrentan un proceso judicial, ya que los involucrados en el caso denominado “Botín del Registro”, confesaron que defraudaron al Estado al simular facturación, lo cual fue facilitado por los parientes del Presidente.

Otro abuso que no podemos dejar pasar es el uso excesivo de la fuerza y el abuso del poder, que llegaron a llamarse “jueves negro de CICIG”.

Se llamó “Jueves de CICIG”, fue una tendencia que nació de los usuarios de Twitter, ya que fue un jueves cuando la Comisión y el MP dieron a conocer el caso La Línea.

“El excesivo uso de la prisión preventiva, que debiendo ser una excepción, la CICIG la ha convertido en la regla en Guatemala”.

Según el Código Penal de Guatemala, la decisión de dictar prisión preventiva es exclusiva de un juez del Organismo Judicial.

“Hay un caso denominado Pavo Real, en el que una persona fue juzgada en Guatemala, otra en Austria y otra en España; y en los tres países las pruebas presentadas por CICIG no fueron suficientes y se les declaró inocentes”.

El Presidente omitió mencionar el caso que enfrentó el exdirector de la PNC, Erwin Sperisen en Ginebra, en donde fue condenado a 15 años de prisión por su complicidad en el asesinato de siete reos en 2006.

“Hoy se lamentan cinco muertes causadas por ese abuso de prisión preventiva, en donde la presión de CICIG sobre los jueces, influyó para que dichos jueces no otorgaran medidas alternas de privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado”.

Hasta la fecha ningún juez ha denunciado de forma oficial y en declaraciones públicas haber sido presionado por la CICIG en estos casos.

“El caso del joven Alfredo Zimeri, un joven de 19 años, que fue brutalmente golpeado por personal de la CICIG, provocándole múltiples fracturas graves en su rostro y cráneo; el señor Velásquez excedió su mandato al solicitar en conflicto de intereses las grabaciones de los videos de las cámaras de vigilancia, evidencia que solo el Ministerio Público estaba facultado a realizar”.

Esta pelea ocurrió entre un funcionario de seguridad de la CICIG y Alfredo Zimeri mientras jugaban un partido de fútbol. Ambos denunciaron ante el MP las agresiones que se hicieron durante la pelea. La CICIG admitió haber pedido videos que grabaron los hechos y dijo que esto lo hizo con el fin de realizar una investigación administrativa en contra del trabajador que agredió a Zimeri. Es decir, esta aseveración del Presidente está basada en hecho real reconocido por la CICIG.

“Lo cierto es que hoy Guatemala está polarizada como no lo había estado por décadas. Hay quienes dicen que ni en el conflicto armado que vivió Guatemala en la década de los 80 se tenía este tipo de polarización”.

La polarización exacerbada es evidente y ha sido un resultado de las inversiones masivas de los net-centeres públicos y privados que han radicalizado la sociedad guatemalteca como pocas veces en su historia.

“Evidentemente, mi gobierno se enfoca a mejorar las condiciones de seguridad y desarrollo, con el fin de disminuir la migración y reducir el riesgo que corren los migrantes al iniciar una travesía peligrosa en búsqueda de mejorar su calidad de vida”.

Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, este año los guatemaltecos superaron los años precedentes en el número de detenciones de guatemaltecos al intentar ingresar al país estadounidense de forma irregular.

“Inseguridad alimentaria, no la violencia, es el factor principal que empuja a las personas a decidir migrar desde Guatemala”, dijo al Washington Post en una entrevista Kevin K. McAleenan, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.