Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Nación

Exministro Menocal: “Q90 millones es mucho, un gasto desmedido para aparatos de vigilancia y persecución…”

Contraloría prepara una “auditoría concurrente” en la Digici luego de conocerse por un reportaje periodístico lo del alquiler de equipos tecnológicos de última generación para espiar mediante celulares y redes sociales a políticos, diplomáticos, periodistas, empresarios y dirigentes sociales entre otros objetivos.

 

Fecha de publicación: 07-08-18
Por: Tulio Juárez / Izabel Lezana
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Uno de los principales temas nacionales del momento –si no el número 1 a estas alturas– lo constituye el que durante el gobierno patriota de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías se contrataron –en alquiler– equipos tecnológicos de última generación para espionaje selectivo.

La práctica desarrollada por conducto de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) consistió en tener acceso a teléfonos celulares y redes sociales para escuchar lo que hablaban políticos, diplomáticos, periodistas, empresarios y dirigentes sociales, entre otros objetivos

Fue en el 2012, año en que se instaló el régimen del PP, cuando obtuvieron por Q90 millones el sistema de tecnología y software de sofisticada vigilancia, ha revelado “Nuestro Diario” en dos entregas documentadas –en la de hoy publica algunos nombres de los  blancos–, pero el escándalo sigue su curso actualmente.

Por este motivo, este martes han sido entrevistados por “Emisoras Unidas” el exministro de Gobernación (2008-2012) Carlos Menocal, y por teléfono el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, a quienes los periodistas Felipe Valenzuela (FV) y Marielos Fuentes (MF) han abordado en torno al espinoso tema.

Lea a continuación el resumen del extenso diálogo sostenido por los conductores con sus interlocutores:

Exministro Menocal, ¿cómo el gobierno espía al ciudadano?

–       Es importante que el ejercicio periodístico revele esos abusos de parte del Estado. Si estos paquetes de alta tecnología fueron adquiridos para vigilancia y persecución de políticos, funcionarios, periodistas y ciudadanos, es una práctica ilegal. Es una práctica con la cual regresan al pasado contra actores de la sociedad.

¿Dónde debería investigarse, quién debería investigar?

–       La investigación debería estar en la CICIG, en el MP, en la sociedad. La Digici y el Consejo Nacional de Seguridad deberían hacer una investigación interna. Si la responsabilidad es de los ministros de Gobernación, desde el 2012, también lo es de quienes llevaron estos aparatos.

Inteligencia siempre ha habido, espionaje siempre va a haber, ¿donde está la línea de peligrosidad?

–       Hay una Ley Marco Nacional de Seguridad y está la Ley contra el Crimen Organizado. La Ley Marco estructura el Consejo Nacional de Seguridad con el Presidente, el Vicepresidente, la Cancillería, los ministerios de Gobernación y Defensa, la comunidad de inteligencia, donde están la Secretaría de Inteligencia Presidencial y la de inteligencia civil.

–       La Ley Marco permite hacer escenarios perspectivos criminológicos para que la autoridad tenga una decisión certera de dónde hacer los operativos de vigilancia. En los Acuerdos de Paz, en el de Fortalecimiento del Poder Civil se establece que estos agentes de inteligencia pueden hacer abstracciones y perspectivas, escenarios. Es prohibido que los investigadores hagan vigilancia.

–       Todos esos aparatos pueden ser legales, sí. El Estado puede comprar cualquier aparato digital, pero a través de los organismos establecidos, en este caso la Unidad de Métodos Especiales de Investigación.

Según “Nuestro Diario” se utilizaron Q90 millones para eso, ¿qué opina?

–       Es un gasto desmedido. En todo caso la Contraloría tiene los marcos regulatorios para la compra de equipo software y equipos de inteligencia civil. La Contraloría debería practicar una auditoría concurrente. Q90 millones es mucho para aparatos de vigilancia y persecución.

–       En 2010, por la presencia de Los Zetas en Alta Verapaz se adquirieron equipos. La Digici los utilizó para ver aparatos y números de teléfonos y huellas dactilares y rostros. Con el caso de la muerte de Facundo Cabral, se identificó a los responsables en 72 horas; en el caso de la masacre de Los Cocos, de Petén, se logró perfilar a Los Zetas responsables y se desmantelaron en ocho departamentos. En ese sentido los aparatos dejaron de funcionar.

El problema ahora es que se trata de Q90 millones en aparatos alquilados, que fueron devueltos y desmantelados

–       No es la primera vez que ocurre eso. En 2010, con la desclasificación de los archivos militares hubo archivos que desaparecieron. Se sugirió una denuncia porque lo que desapareció fueron archivos del conflicto armado y de las campañas militares que se utilizaron en ese tiempo.

Los autores del trabajo dicen que platicaron con exespías, personas que estaban siguiendo a personas que el gobierno del Partido Patriota consideraba opositores o alentaban la lucha contra la corrupción y organizaban manifestaciones.

–       Eso es ilegal… es una práctica utilizada por un Estado represor que vigilaba a todo mundo, es una práctica de estructuras militares. Con esos modelos se accede a información sensible, a fotografías familiares, a la vida privada de cualquier persona.

–       El peligro es que después comienzan a sobornar a las personas. Es probable que le vigilen a uno los horarios y las rutinas, y se puede caer en asesinatos selectivos. ¿Ejemplos? Manuel Colom Argueta y Oliverio Castañeda de León. Inteligencia del Estado los persiguió. Fernando García, esposo de la diputada Nineth Montenegro, es otro ejemplo.

–       Sistemas de inteligencia del Estado les vigilaron, les persiguieron les cuadricularon… ahí hay todo un archivo de la extinta Policía Nacional en donde ya hay listas de persona desaparecidas (…) entonces eso es delicado; primero la información porque es vital, la información de uno es sagrada, las fotografías de tu familia, los teléfonos, los datos, las conversaciones, las escuchas, eso es una cuestión sagrada, es la información del ciudadano y no de nadie más; lo segundo es lo delicado que pueda provocar una serie de desapariciones, asesinatos y sobre todo que todo mundo se siente vigilado; no cualquiera en una reunión quiera dejar su teléfono afuera.

Es un miedo generalizado. ¿Se puede presentar una denuncia en ese caso?

–       Sí. Son varios niveles. La autoridad que descubrió esos aparatos debió establecer para qué servían. Debió existir una investigación interna. En el Consejo Nacional de Seguridad hay sistemas, hay una inspectoría y una oficina de Asuntos Internos. Eso debió ser de oficio.

–       Uno, quiénes compraron y el objeto; dos, si la adquisición fue en términos administrativos bajo la ley de la Contraloría; tres, cuál era la responsabilidad y quiénes los responsables administrativos de los aparatos. En el Estado todo lo cargan a una tarjeta de responsabilidad.

El Contralor dice que es complicado identificar el uso de esos equipos

–       Tiene toda la razón. La Contraloría lo que analizaría es la forma de adquisición de los equipos y bajo qué formato se adquirieron. El Consejo Nacional de Seguridad debería comenzar una investigación interna propia. También debería haber una investigación forense para establecer cómo y de qué manera se obtuvo y para qué sirvió ese equipo.

–       Cuál era la responsabilidad y quiénes eran los responsables administrativos de esos aparatos, porque en el Estado a uno le cargan todo. Cuando era ministro me cargaron el escritorio y la silla. Entonces esos aparatos debieron entrar en el almacén de la Digici y debieran de tener registros de archivo para poder asignárselos a una persona.

Carlos Mencos responde:

¿La Contraloría hará una evaluación de este caso?

–       Tenemos una reunión en la cual tratamos varios temas, uno es este. Uno de los aspectos es ver qué procedimientos utilizaron y que equipo adquirieron. Tenemos acceso a la investigación del uso real de los aparatos.

–       Entiendo que existe una instancia de inspectoría, aparte de que hay que tener la expertís que debería tener todos los elementos que permitan conocer el rol de cada institución y cómo se salen de un ámbito legal haciendo uso de esos aparatos.

¿Se sugiere una auditoría concurrente?

–       Exactamente. Estamos buscando algunas a personas que tengan algún conocimiento en cuanto a los alcances que pueda tener el equipo.

–       Vamos a nombrar una auditoría concurrente para Digici. Nosotros ya tomamos algunas acciones en la verificación del 2015 con algún equipo que se desapareció en la Digici, para completar el trabajo en este momento.

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