Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Nación

Vienen días de enojo para Roxana Baldetti: exportavoz Cardona y exministra Martínez declararán en su contra por caso Amatitlán

Dos de los acusados piden al Tribunal escucha el testimonio de descargo de la ex Procuradora General de la Nación y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Eugenia Villagrán de León.

Fecha de publicación: 03-08-18
Por: Tulio Juárez
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A propuesta de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en próximos días la exvocera vicepresidencial Karen Jeannette Cardona y la exministra de Ambiente y Recursos Naturales patriota, Michelle Melisa Martínez Kelly, serán presentadas como testigos de cargo en el expediente por el millonario fraude del lago de Amatitlán que involucra a Ingrid Roxana Baldetti Elías y 12 personas más que guardan prisión.

Ambas figuran en la lista del MP para ser escuchadas por el Tribunal C de Mayor Riego presidido por Pablo Xitumul; dos de los detenidos –Mario Alejandro Baldetti Elías (hermano de la ex vicegobernante) y Pablo Roberto González Barrios– pidieron la declaración de la ex Procuradora General de la Nación (PGN) y expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Villagrán de León.

El expediente es Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán (AMSA) que en el gobierno patriota contrató a la firma israelí M. Tarcic Engineering, Ltd. para descontaminarlo con una “fórmula mágica” que costó Q137.8 millones, pero el Ministerio Público y la CICIG la calificaron como un engaño al Estado porque en pruebas de laboratorio se descubrió que era “agua con sal”.

Aparte de los dos y Roxana Baldetti Elías, otro de los sindicados es Hugo “Uri” Rodolfo Roitman Braier, representante de la empresa, igualmente capturados a partir del 23 de febrero del 2016. En la causa penal también aparecen como sindicados exdirectores y otros exfuncionarios de alto nivel de la instancia responsable del lago, contaminado a más no poder en esa época y en la actualidad al cien por ciento debido a las lluvias que arrastran desechos hacia sus aguas.

Por ende en días venideros el tema AMSA provocará un nuevo remezón judicial y nacional, porque en las audiencias iniciales celebradas en el Juzgado de Primera Instancia de Villa Nueva, la exportavoz vicepresidencial Karen Cardona era interlocutora en telefonemas grabados por los investigadores, incluso en una oportunidad con el –ahora excolaborador eficaz– Salvador González, del proceso La Línea.

Como consecuencia del estallido del escándalo de defraudación aduanera descubierta en la SAT el 16 de abril del 2015, la exministra Michelle Martínez renunció del cargo. Lo mismo hizo más de un año después la procuradora Villagrán de León, con el argumento de que temía por su integridad física.

Roxana Baldetti, para quien esta semana se ordenó someter a examen psiquiátrico para determinar su estado mental, ha intentado repetidamente sin éxito que el juez-presidente del Tribunal C Pablo Xitumul sea separado de la causa.

El 10 de marzo 2016 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala emitió el siguiente:

 

COMUNICADO DE PRENSA 019

LIGAN A PROCESO A SINDICADOS EN CASO LAGO DE AMATITLÁN

Guatemala, marzo 10 de 2016. El juez de Primera Instancia Penal de Villa Nueva, Arnoldo Orellana Madrid, ligó el día de hoy a proceso a 15 personas, entre ellas a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías y a su hermano Mario Alejandro Baldetti, vinculados con una estructura cuyo propósito fue obtener de manera irregular la concesión del proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán para estafar al Estado guatemalteco.

Los sindicados fueron ligados por los siguientes delitos:

< Ingrid Roxana Baldetti Elías (ex vicepresidenta), por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.

< Mario Alejandro Baldetti Elías, por asociación ilícita, fraude, y tráfico de influencias.

Hugo Rodolfo Roitman Braier (empresario), por asociación ilícita, fraude y cohecho activo.

Pablo Roberto González Barrios (exsecretario Específico para temas del agua), por los delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.

Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova (exabogado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por asociación ilícita y fraude.

Rubén Estuardo Torres Anleu (extrabajador del MARN), por cohecho pasivo.

Edvin Francisco Ramos Soberanis (exdirector ejecutivo de la Autoridad y Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán –AMSA–), por fraude e incumplimiento de deberes.

Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval (ex subdirector de AMSA), por asociación ilícita fraude y cohecho pasivo.

Lizbeth María Alonzo Azurdia de Constanza (exdirectora jurídica de AMSA), por asociación ilícita y fraude.

Sandra Nineth García España de Benavente (exdirectora administrativa y financiera en AMSA), por asociación ilícita y fraude.

Sergio Alejandro Marroquín Vivar (empleado de la empresa M. Tarcic Engineering Limited), por cohecho activo.

Clara Mariel Carballo Carballo (representante legal de M. Tarcic Engineering Limited), por fraude. *

Allan Franco De León (coordinador de proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán, designado por M. Tarcic), por fraude y asociación ilícita.

< Manuel Francisco Sosa Batres (exdirector ejecutivo de la Comisión Portuaria Nacional), por enriquecimiento ilícito. *

< Marilyn Anabella Sosa Azurdia (exasistente de Pablo González Barrios), por cohecho pasivo.

De todos los imputados, solo Clara Carballo Carballo y Manuel Francisco Sosa Batres obtuvieron el 3 de septiembre pasado el beneficio de la medida sustitutiva del arresto domiciliario. El resto sigue en prisión preventiva. 

Esta estructura operó dentro de instituciones claves del Estado en el tema ambiental, así como en empresas creadas con el propósito de obtener de manera irregular la concesión del proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán, y de esta manera agenciarse de un beneficio económico.

Para lograr este cometido la organización criminal diseñó un esquema que le permitió operar desde cuatro ámbitos: el apoyo político y la operación de alto nivel; las instituciones donde se emitieron los dictámenes técnicos para justificar la compra del servicio; la empresa M. Tarcic Engineering Limited –creada para obtener el contrato– y la utilización de una serie de empresas y personas para desviar los fondos a terceros.

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