Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Nación

CC suspende de forma provisional acceso de la SAT a datos bancarios

La administración tributaria considera que la decisión afectará los ingresos fiscales y se pone en riesgo la calificación del país en materia de transparencia.

Fecha de publicación: 03-08-18
La acción fue promovida en contra del Artículo 52 del Decreto 37-2016, que adiciona el Artículo 30 C, del Código Tributario. Por:   Lorena Álvarez elPeriódico
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La Corte de Constitucionalidad (CC) decretó la suspensión temporal del artículo que le otorgaba a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el acceso a la información financiera en poder de las entidades del sistema bancario y de microfinanzas.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida en contra del Artículo 52 del Decreto 37-2016 que adiciona el Artículo 30 “C” dentro del Código Tributario. Este artículo norma el proceso para requerir la información financiera de los contribuyentes por parte de la SAT mediante la autorización de un juez competente.

El acceso a la información financiera o la eliminación del secreto bancario fue uno de los avances que Guatemala presentó ante el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y permitió salir de la lista de países no cooperantes.

El Decreto 37-2016 Ley para la transparencia fiscal y la gobernanza de la SAT fue aprobado por el Congreso en agosto de 2016 y el artículo del acceso a la información financiera cobró vigencia el 23 de febrero de 2017.

La suspensión decretada el jueves por la CC resuelve la acción presentada por la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, S.A. cobrará vigencia un día después de su publicación en el diario oficial.

En el considerando de la resolución de la CC se recurre al Artículo 138 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad para argumentar la decisión por una notoria inconstitucionalidad de la norma, además de que es susceptible de causar gravámenes irreparables.

Retroceso

Para Abelardo Medina, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con la suspensión provisional se da un retroceso porque el acceso a la información financiera es uno de los pilares para demostrar los avances en la transparencia ante el Foro Global de la OCDE y el intercambio de información con otros países.

Hasta junio la SAT informó que fueron presentadas 118 solicitudes de información financiera en poder de terceros.

En opinión del consultor fiscal, Óscar Chile Monroy, con la suspensión provisional las solicitudes que aún no han sido resueltas por el juez quedan suspendidas y las entidades bancarias no están obligados a entregar la información. Mientras que los casos ya resueltos por el juez deben seguir su trámite y será decisión individual del contribuyente si presenta alguna acción legal.

Para la SAT solo queda acatar la decisión de la CC que le quita una herramienta importante de fiscalización y de confirmarse el fallo el impacto en las evaluaciones de las entidades como la OCDE y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría ser negativo, aseguró Chile Monroy.

Con esta decisión preliminar se reducen las acciones de la Gerencia de Investigación Fiscal creada en la SAT que ha sido criticada por considerar que duplica las funciones de otras entidades.

Según la SAT, la suspensión “puede afectar la meta de recaudación tributaria” prevista para este año y la estimación para 2019. Además, coincide en que se ponen en riesgo los compromisos del país ante el Foro Global, lo que “podría derivar en la inclusión de Guatemala en la lista negra de países no cooperantes.

Duda razonable

Para la SAT el acceso a la información financiera es una herramienta de apoyo a la fiscalización en casos de que exista duda razonable con respecto a las declaraciones que presenta el contribuyente. Sin esta herramienta, indicó, que se recurrirá a los órganos del Estado correspondientes para desvanecer o confirmar la posible existencia de los delitos de defraudación aduanera, la evasión y la defraudación tributaria.

 

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