Martes 20 DE Noviembre DE 2018
Nación

Diputada Villagrán interpone amparo en la CC para frenar reforma al delito de financiamiento electoral ilícito

Advierte la amenaza de que al menos 66 diputados que afrontan conflicto de interés para conocer y aprobar la iniciativa, finalmente sean favorecidos si el pleno legislativo aprueba modificaciones a dos artículos.

Fecha de publicación: 24-07-18
Por: Evelin Vásquez elPeriódico
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La diputada Andrea Villagrán Antón ha presentado una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra del procedimiento para aprobar la iniciativa de ley que busca reformar el artículo 407N sobre el delito de financiamiento electoral ilícito en su modalidad de anónimo y no registrado.

Según la legisladora, 66 diputados afrontan un conflicto de interés para conocer y aprobar la iniciativa, por lo que debido a ello solicitó a la máxima instancia judicial del país retrotraer el procedimiento, y dejar sin efecto la primera y segunda lecturas.

La organización Alianza por Reformas expresó por medio de un comunicado, que rechaza la propuesta para modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, y exige al Legislativo abstenerse de la aprobación.

La Comisión Extraordinaria creada sobre el tema elaboró un dictamen en el que los secretarios generales dejan de tener la responsabilidad legal y recae sobre los contadores de los partidos políticos. Además, establece penas de dos a cinco años de cárcel para los que cometan ese delito, lo que implica que sean conmutables.

De ser aprobada, la reforma podría beneficiar a congresistas señalados y al presidente Jimmy Morales, quien era secretario del FCN-Nación y contra quien hay una solicitud de antejuicio por el delito de financiamiento electoral ilícito por una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Luego que Villagrán informara sobre la intrposición del amparo, el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, expresó a través de las redes sociales que todos los diputados tienen el derecho constitucional de presentar iniciativas de ley, y que cualquier intento de limitarlo “constituye un rompimiento al orden constitucional y por tanto un delito penal grave”.

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