Domingo 22 DE Julio DE 2018
Nación

Una autopista onerosa, pocas ganancias y un negocio de Q1.3 millardos

El Estado construyó la autopista Palín-Escuintla, la pagó y después la concesionó. La recuperación de la inversión apenas alcanzó un tres por ciento.

 

Fecha de publicación: 03-07-18
En 2023 vence la concesión de la autopista Palín-Escuintla, a cargo de la empresa Marnhos, S.A., que ha cobrado Q1.3 millardos. Por: Geldi Muñoz Palala elPeriódico/inversión
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La constructora Marhnos S.A. en alianza con  Consulta  conformó el  Consorcio Autopistas de Guatemala  con el objetivo de ganar un nuevo proyecto para la construcción de la autopista Escuintla–Puerto Quetzal.  El interés de la empresa de capital mexicano se manifiesta a cinco años de  finalizar el contrato de concesión que tiene a su cargo en Palín-Escuintla. La concesión ha sido cuestionada debido a que durante 20 años el Estado, según se estipuló en el contrato, ha recibido uno por ciento de las regalías, las que suman hasta hoy Q13.6 millones. Bajo esa acción la empresa Marhnos, en las dos décadas, ha cobrado Q1.3 millardos por concepto de peaje.

Se endeudó

El Estado para este proyecto realizó una inversión, según documentó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), de Q388.3 millones. El Gobierno para solventar el gasto suscribió un préstamo de US$50 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

También pagó el derecho de vía para su desarrollo adquiriendo terrenos. Según la Sección de Derecho de Vía de la Asesoría Jurídica del CIV, existen 12 expedientes relacionados con la adquisición para el Estado de Guatemala, que conforme al avalúo emitido, pagó en total Q2 millones 733 mil 325.20.

Después de construida la carretera, con el Decreto número 24-98 –publicado el 17 de abril de 1998 en el Diario de Centro América– se aprobó la concesión sobre el servicio público de la carretera CA-9 sur, autopista Palín-Escuintla, con cobro de peaje por un plazo de 25 años, de conformidad con el Contrato Administrativo 642-97 DGC de la Dirección General de Caminos, del 11 de septiembre de 1997 entre el CIV y la empresa constructora.

Marhnos argumenta que las ganancias no han sido incipientes porque la inversión fue de alto riesgo. “Recibimos una carretera que no construimos, que no sabíamos cómo estaba; no había costumbre de pagar peaje, había mucha incertidumbre”, señala.

Sin embargo, quedó documentado en 1998 que el Estado pudo haber recuperado mucho más de la inversión. Por concepto de aforo previo a la concesión. Marhnos entregó en siete meses (1 de septiembre de 1997 al 31 de abril de 1998): Q13 millones 926 mil 96.

 

El cobro es similar al que se le pagó en regalías al Estado en dos décadas. La cantidad en mención se facturó y se trasladó al Gobierno, tal como fue acordado en una carta con fecha 28 de agosto de 1997 y firmada por el viceministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, Jorge F. Franco S.

“El total de ingresos recibidos de peaje en ese tiempo fue para el Estado, ya que se depositó a una cuenta del Fondo Privativo para la conservación y Mejoramiento de la Red Vial del País”, explica el gerente general de la empresa, Juan Martínez Venegas.

Marhnos argumenta hoy que de los Q1.3 millardos devolvió al Estado Q878 millones 217 mil 632.65, de los cuales Q207.7 millones son impuestos; Q314.8 millones en operación y mantenimiento de autopista y una inversión de Q225.6 millones por el tramo que se construyó”.

Traslado con facilidades

En 2013 los diputados del Partido Patriota Luis Contreras y Fernando García sacaron a discusión sobre si era o no lesivo el contrato de concesión. Contreras, ahora de la Bancada Movimiento Reformador (MR), recordó que la empresa recibió una carretera que se pagó con “dinero soberano”, aunque esta construyó una carretera, pero con valor menor.

Refirió que no está en contra de que se haya dado en concesión, porque la empresa la ha mantenido en buenas condiciones, sino cómo se hizo esta primera concesión, porque “el porcentaje que nos queda de la concesión es bastante bajo”, mientras que a la empresa le queda mucho más.

Según Silvia Rivas, coordinadora general de la Unidad de Concesiones del CIV, se está tratando de realizar un estudio socioeconómico, financiero y ambiental para determinar si es recomendable que la autopista siga en concesión o sea administrada por el gobierno, lo cual puede llevar más de un año.

 

Silvia Rivas, coordinadora general de la Unidad de Concesiones del CIV, dice que se realiza un análisis para determinar si es viable la concesión. Este puede tardar más de un año.

Rivas refirió que, si solo se ve la contratación de canon, y se miran fríamente los números de esos más de Q1  millardo de ingresos que ha tenido la empresa, pareciera que no ha retornado nada al Estado; sin embargo, si se compara la carretera con el resto de la red vial y la inversión que hizo Marhnos por el tramo adicional de Escuintla a Puerto Quetzal, la empresa ha invertido de forma contractual.

Rivas resaltó que el Estado tiene un activo que está en buenas condiciones, que quizá si no lo hubiera dado en concesión estuviera igual que las demás vías