Jueves 13 DE Diciembre DE 2018
Nación

Cuatro militares retirados declaran en privado ante juez por investigación sobre corrupción en Industria Militar

Uno de los sindicados, según el MP y la CICIG, manejó más de Q23 millones entre 2008 y 2011 de “comisiones” ilegales o “ganancias” recibidas por las ventas.

Fecha de publicación: 23-05-18
Por: Tulio Juárez
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A puerta cerrada, cuatro exmilitares –incluidos un general, un coronel y un mayor retirados– cumplen esta mañana en el Juzgado Séptimo de Instancia Penal la audiencia de primera declaración tras sus capturas el pasado 4 de mayo como parte de las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la CICIG, sobre una supuesta estructura criminal que operó en la Industria Militar (IM) y se apropió de millones de quetzales.

Ante el contralor del expediente Estuardo Barrientos declaran Jorge Arturo Vega Chávez, José Alfredo Cotzojay, Byron Manuel Santos y Rolando Enrique Hernández, a quienes la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala señalan de haber cometido entre los años entre 2008 y 2011 los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y peculado.

Las pesquisas llevadas a cabo, señaló el informe inicial dado a conocer a principios del presente mes en conferencia de prensa, permitieron comprobar que el grupo de oficiales entonces de alta en el ejército logró apropiarse de Q23 millones 402 mil 238 mediante el cobro de comisiones por la venta de productos de la IM, principalmente a entidades estatales como la Policía y la SAAS.

El 4 de mayo último el MP y la CICIG emitieron el siguiente comunicado de prensa al respecto de las primeras cuatro aprehensiones:

Una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala estableció la existencia de un grupo criminal que operó al interior de la Industria Militar durante los años 2008 al 2011.

En operativos coordinados por el MP con el apoyo de la CICIG se realizaron varios allanamientos y las siguientes capturas emitidas por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal:

  1. General Jorge Arturo Vega Chávez, actualmente militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  2. Coronel José Alfredo Cotzojay Chajón, actualmente militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  3. Byron Manuel Santos Galindo, actualmente militar retirado. Capturado. Asociación ilícita, peculado y cohecho pasivo.
  4. Rolando Enrique Hernández González, quien se desempeñaba como asesor de procesos de seguridad en la Gerencia de Seguridad Integral de Puerto Quetzal. Capturado. Asociación ilícita y peculado.
  5. Carlos Geovani Mejía Girón, actualmente agregado militar en la República de Brasil. No fue localizado por encontrarse fuera del país. Asociación Ilícita, peculado y cohecho pasivo.

El caso

El grupo criminal estaba integrado por los coroneles José Alfredo Cotzojay Chajón, Jorge Arturo Vega Chávez, Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, quienes para cometer varios ilícitos contrataron al mayor retirado Rolando Enrique Hernández González como “representante de ventas” de la Industria Militar.

El mayor Hernández González recibió en el período comprendido entre los años 2008 al 2011, veintitrés millones cuatrocientos dos mil doscientos treinta y ocho quetzales
(Q23,402,238.00), proveniente de ganancias por comisiones establecidas en ventas de la Industria Militar, las que estuvieron plagadas de irregularidades.

Dicha cantidad de dinero fue pagada mediante varios cheques de la Industria Militar por ventas realizadas, en su gran mayoría, en instituciones públicas del Estado guatemalteco, entre ellas la Policía Nacional Civil, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia.

En la emisión y autorización de los cheques participaron Carlos Geovani Mejía Girón y Byron Manuel Santos Galindo, en su calidad de jefes del Departamento Financiero de la Industria Militar, quienes en conjunto con los otros señalados cometieron varias conductas ilícitas para sustraer dicha cantidad de dinero del erario de la institución castrense, entre ellas:

  1. Se creó la figura de “representante de ventas” (para Hernández González), incumpliendo con el principio de sujeción a la ley, duplicando funciones innecesarias por existir puestos que ya realizaban las funciones pactadas para el representante de ventas. En este caso en la Industria Militar ya existía el puesto de jefe de Sección de Ventas por Mayor.
  2. Las comisiones pagadas entre el 5 y 25 por ciento al representante de ventas (Hernández González) fueron excesivas e inoperantes, las cuales fueron pactadas de manera antojadiza, sin ningún sustento técnico ni jurídico.
  3. No se acreditó que el representante de ventas tenía las capacidades, conocimientos y experiencia en el ramo comercial.
  4. En varios contratos no se prestaron los servicios del representante de ventas y sin embargo le fueron pagadas comisiones por ventas que no realizó.
  5. Recibió el pago de comisiones por ventas realizadas a instituciones públicas a las que contractualmente le estaba prohibido vender (como la SAT, el Organismo Judicial, entre otras).
  6. Recibió más dinero como pago de comisiones del que realmente le correspondía, de acuerdo al porcentaje establecido en los contratos.

Las actividades antes definidas contravienen varias disposiciones legales, las cuales fueron cometidas por los hoy sindicados con el único fin de sustraer ilegalmente veintitrés millones cuatrocientos dos mil doscientos treinta y ocho quetzales (Q23,402,238.00), ocasionando una pérdida patrimonial al Estado de Guatemala.

Asimismo, del resultado de las investigaciones realizadas surge que los empresarios que tuvieron relación comercial con la Industria Militar durante ese período, debían pagar al jefe de esta institución y al jefe del Departamento Financiero sumas de dinero para poder obtener contratos o trabajos. Se logró establecer preliminarmente que los militares señalados recibieron mediante cheques la cantidad de Q919,330.83 como cobro por la adjudicación de esos contratos.

Pese a la evidente ilegalidad en el pago de comisiones y que dicha situación fue puesta en conocimiento de las autoridades militares, no se tomaron las medidas correctivas para preservar la custodia de los fondos públicos.

Los empresarios implicados en este caso serán sujetos a un procedimiento abreviado.

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