Jueves 20 DE Septiembre DE 2018
Nación

Mides pagó Q211.3 millones en Bono Seguro sin ningún control

La cartera de Desarrollo modificó en 2017 el Manual Operativo del programa social, lo cual le permitió transferir fondos respaldado solo en una carta de compromiso de los usuarios.

Fecha de publicación: 25-04-18
Según hallazgos de la Contraloría General de Cuentas, los programas sociales se han ejecutado con irregularidades por parte del Mides. Por: Ferdy Montepeque elPeriódico
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Sin verificar una adecuada utilización de los fondos, sin realizar un censo de beneficiarios y sin indicadores de impacto; el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) entregó Q211.3 millones en Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) de Salud y Educación a finales del año pasado. Aunque en 2018 aún no se han pagado cuotas del programa social, también conocido como Bono Seguro, las autoridades de la cartera siguen sin implementar herramientas de control sobre el uso de recursos públicos.

La primera irregularidad que permitió los pagos sin control se produjo así: en 2017, el Mides modificó el Manual Operativo para el pago de las TMC, las cuales fueron incrementadas de Q300 a Q500 para cada una de las familias beneficiadas; sin embargo, el documento no detalla el porqué del incremento ni cuáles fueron los criterios para calificar la pobreza y pobreza extrema en la que deben estar quienes reciban el aporte gubernamental, según una evaluación de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La modificación del Manual, además, permitió al gobierno pagar el Bono solo con que los usuarios presentaran una carta en la que se comprometían a enviar a sus hijos a la escuela y a centros de salud.

El viceministro de Protección Social, Carlos Vidal, reconoció la semana pasada en el Congreso que el Mides transfirió fondos a “algunas familias”, cuyo único respaldo fue una carta en la que se comprometían a inscribir a sus hijos en el ciclo escolar 2018, pero ese compromiso aún se está verificando.

“Si alguien no cumple con el Programa, la única sanción que recibe es sacarlo de este; pero nadie puede garantizar que (los padres que reciben el Bono) lleven a sus hijos a la escuela”, indicó Vidal durante una citación en la Comisión de Asuntos Municipales.

Se olvidaron del censo

El segundo cuestionamiento a la forma de la entrega de las TMC para salud y educación es que, el Mides no concluyó el censo de beneficiarios de programas sociales; lo cual ha provocado que dentro del padrón de usuarios existan personas que no están en pobreza ni pobreza extrema. La CGC identificó que entre los usuarios, que en 2017 recibieron Bono para Educación, figuran empleados de los ministerios de Gobernación, Educación y Salud; pero también están registrados trabajadores de empresas privadas y pensionados.

La Contraloría concluyó –tras realizar un cruce de información con nóminas del Instituto de Recreación de los Trabajadores (Irtra), Guatenóminas y el Seguro Social– que entre los beneficiarios hay personas que no debieron recibir el beneficio.

En agosto pasado la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el Artículo 23 del Presupuesto General de la Nación que obligaba a realizar un censo de usuarios previo a la entrega de los programas sociales, lo cual fue utilizado como excusa para no ejecutar los recursos. El Mides paralizó la ejecución de ese censo.

Sobre la tercera irregularidad, la falta de una evaluación del impacto que ha tenido el programa de las TMC, Jairo Flores, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), señaló que dicha evaluación tendría que haber servido de base para autorizar el incremento del monto de las transferencias de Q300 a Q500.

 

Programa sin rumbo

Una auditoría de desempeño elaborada por la Contraloría el año pasado señaló que en el programa del Bono Seguro existían 8 mil 673 personas quienes además de recibir la subvención, tenían sueldos entre Q3 mil y Q7 mil en instituciones como la Secretaría de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y los ministerios de Educación, Gobernación, Trabajo y Salud. La evaluación también concluyó que el Mides no lleva registros para establecer si el programa cumple su objetivo de generar capital humano.

Q500

 

es la cuota que reciben las familias del programa por llevar a sus hijos a la escuela y centros de salud.

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