Miércoles 22 DE Mayo DE 2019
Nación

Empresarios deberán construir tramos carreteros

Fecha de publicación: 05-04-18
Por: R Ríos / F Montepeque elPeriódico

La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, condenó en una audiencia de procedimiento abreviado a los nueve sindicados a cumplir cinco años de prisión conmutables, a razón de Q25 diarios.

La resolución dictaminada después de que los empresarios admitieran incurrir en el delito de cohecho activo, por entregar dinero al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Además, de la prisión conmutable  y una multa de Q500 mil, en la sentencia también se incluye la reparación integral de la justicia, que incorpora seis medidas como parte de la reparación del daño hecho al Estado.

Los sentenciados son Jorge Luis Agüero, Juan Luis Tejada, Rafael Díaz Fión, Rafael Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Álvaro Mayorga, Raúl Alvarado, Pedro Luis Rocco y Allen Krebs

Reparación integral y digna

Las medidas de reparación integral que les fueron impuestas están basadas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece cinco componentes: indemnización, restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y satisfacción.

Tras la condena emitida y a petición de la Procuraduría General de la Nación, los constructores deberán indemnizar al Estado con la edificación de cinco tramos de carretera, una escuela y realizar un proyecto de bacheo; además de un pago de Q17 mil 756.85 a la Tesorería Nacional. Es decir que el Estado recibirá Q35.5 millones resarcimiento.

Como parte de la medida de satisfacción, en las obras que construyan los sentenciados deberán colocar un cartel en el que se especifique que el proyecto es construido por haber sido condenados por sobornar al exministro de Comunicaciones, para el pago de deuda atrasada. También deberán publicar una disculpa pública en un medio masivo de comunicación.

Para garantizar que no volverán a cometer el delito, los empresarios tendrán que crear un sistema para que los empleados de sus compañías denuncien irregularidades, un procedimiento para cumplir normas de control y prevención de delitos y contar con una persona cuya función garantice el cumplimiento de todas las medidas de reparación.