Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Nación

Congreso prepara reforma a favor de Jimmy Morales, Arzú y financistas anónimos

El Ministerio Público, a diferencia del Congreso, propone que las penas sean inconmutables para quienes aporten, reciban o autoricen financiamiento anónimo.

Fecha de publicación: 03-04-18
La Comisión del Congreso analiza tres propuestas para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito. Por: Ferdy Montepeque elPeriódico
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El presidente Jimmy Morales, el alcalde capitalino Álvaro Arzú, los exsecretarios generales de Libertad Democrática Renovada (Lider), Roberto Villate y de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco; además de los financistas que no reportó el extinto Partido Patriota (PP), serían los principales beneficiados con la eliminación del segundo párrafo del Artículo 407 “N” del Código Penal que tipifica el delito de financiamiento electoral anónimo, como lo establece una de las tres propuestas en poder de la comisión conformada específicamente para reformar ese apartado.

La reforma, que actualmente se discute en el Organismo Legislativo, sería favorable para los políticos y empresarios que han sido señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de financiamiento electoral ilícito, porque después de esto tendrían que ser sancionados con la norma que más les favorezca.

Es decir que los acusados podrían elegir entre una de las normas que establece penas de cuatro a 12 años inconmutables y multa de Q200 a Q500 mil, o alguna de las tres propuestas que se apruebe en mayo próximo.

La más benevolente con los sindicados es la planteada por asesores de la comisión, que deroga el segundo párrafo del apartado 407 “N” y crea los tipos penales de: financiamiento no registrado para quien reciba aportaciones y no las registre, y financiamiento anónimo para quien otorgue la contribución sin informarlo; ambos serían penados con prisión de seis meses a cuatro años y multa de Q20 mil a Q400 mil.

No se debe derogar

Según el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, Óscar Schaad, al derogar el segundo párrafo del artículo que tipifica el delito de financiamiento electoral ilícito, el Congreso incumpliría con la conminatoria hecha por la Corte de Constitucionalidad (CC), en la cual únicamente se pide a los diputados reformar el párrafo apegado a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y justicia; pero no se pide eliminarlo.

Además, según Schaad, la disposición representaría revisar todos los procesos de investigación, porque para emitir una sentencia siempre se debe aplicar la norma que favorezca al reo. Las tres propuestas que analiza el Congreso no incluyen la palabra “inconmutable” a las penas establecidas para quienes sean hallados culpables de financiar de manera ilegal a una organización política, con lo cual los señalados evitarían la cárcel a cambio de pagar una conmuta.

Penas inconmutables

Las propuestas que analiza el Congreso contrastan con la que presentó el MP a la comisión específica. El ente investigador planteó modificar el segundo párrafo e imponer sanciones de tres a ocho años de prisión inconmutables para quien aporte, reciba o autorice recursos para las organizaciones políticas.

El penalista Marco Canteo coincidió con Schaad al indicar que dicha reforma favorecería a los sindicados en casos de financiamiento ilícito y además generaría una “impunidad parcial” porque las penas impuestas podrían ser “demasiado bajas”, lo cual incentivaría que los partidos sigan recibiendo financiamiento anónimo, a cambio de que quienes aportan recursos sean retribuidos por los funcionarios.

“En materia penal, siempre se va a aplicar la ley que más favorezca al reo. Si una ley vigente en el tiempo que se cometió el delito fuera más favorable al reo, se le deberá aplicar esta y no la nueva que aumenta la severidad en el castigo”, indicó Canteo.

 

Las otras Propuestas

Diputado Oliverio  García Rodas

Modifica el segundo párrafo del 407 “N”. Los responsables de administrar los fondos que no registren las aportaciones a organizaciones políticas serán sancionados con prisión de tres a cinco años y multa de Q20 mil a 50 mil. También serán inhabilitados para ejercer cargos públicos. Los financistas que no informen los aportes entregados serían sancionados con cárcel de dos a tres años y multa de Q10 mil a Q25 mil.

Diputado Enrique Álvarez

Quienes aporten o reciban financiamiento anónimo serán sancionados con prisión de tres a cinco años e inhabilitación para ser proveedor del Estado. La pena será incrementada en dos terceras partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo o cargo público.

“En material penal, siempre se va a aplicar la ley que más favorezca  al reo”.

Marco Canteo, penalista.

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