Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Nación

MP imputa delitos a 12 exfuncionarios señalados en el caso Transurbano

Fecha de publicación: 23-02-18
Por: Luisa Paredes elPeriódico
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Ex presidente Álvaro Colom y exmiembros de su gabinete de gobierno son señalados de fraude y peculado por los Q270 millones entregados a un grupo de transportistas urbanos.

En la audiencia de primera declaración realizada este viernes el Ministerio Público (MP) presentó la imputación de delitos contra 12 exfuncionarios señalados de defraudar al Estado de Guatemala por Q270 millones en el caso Transurbano. Ellos son:

–       Álvaro Colom, ex Presidente de la República (2008-2012)

–       Alberto Fuentes, exministro de Finanzas Públicas

–       Salvador Gándara, exministro de Gobernación

–       Ana Ordóñez, exministra de Educación

–       Abraham Valenzuela, exministro de la Defensa Nacional

–       Edgar Rodríguez, exministro de Trabajo y Previsión Social

–       Celso Cerezo, exministro de Salud Pública y Asistencia Social

–       Alfredo Pokus, exministro de Energía y Minas

–       Jerónimo Lancerio, exministro de Cultura y Deportes

–       Luis Ferraté, exministro de Ambiente y Recursos Naturales

–       Óscar Velásquez, ex viceministro de Economía, y

–       Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó ante el juez Undécimo de Primera Instancia Penal, Eduardo Cojulum, que el exmandatario y diez en ese entonces integrantes de su gabinete se valieron de “artificios” para entregar un aporte económico de Q270 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), sin consultar a las instituciones correspondientes sobre su legalidad.

Al describir los hechos, relató la participación de cada uno de los exfuncionarios en el consentimiento de la asignación monetaria, por lo que son señalados de cometer los delitos de fraude y peculado. Colom y la AEAU fueron vinculados previo a su mandato ya que, según el MP, en el proceso electoral de 2007 que lo llevó al poder, los transportistas lo habrían apoyado para trasladar a ciudadanos a los centros de votación.

El organismo encargado de la persecución penal presentó cuatro denuncias como medios de investigación, entre ellas la interpuesta en 2016 por el ex vicepresidente Rafael Espada, quien se abstuvo de firmar el Acuerdo Gubernativo 103-2009 que autorizó la entrega de la suma millonaria de dinero y quien ahora participará como testigo de la fiscalía.

Durante la audiencia de este viernes se determinó que la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) fueran aceptadas como querellantes en el proceso. Y la Procuraduría General de la Nación (PGN) representará al Estado como agraviada.

La exministra Ana Ordóñez fue la única que accedió a declarar ante el juez Cojulum. Aseguró que no lo firmó por presión y que en ninguna de las reuniones del gabinete Espada les hizo saber que tenía una objeción sobre la validez del acuerdo gubernativo que se preparaba. Hoy se suspendió el trámite de la audiencia y continuará el próximo lunes.

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