Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Nación

Injerencia de Sandra Torres en Transurbano fue “no mayor que la de muchos funcionarios…”, confirma Álvaro Colom

Expresidente y diez exintegrantes de su exgabinete de gobierno (2008-12) llegan a tribunales para inicio de audiencia de primera declaración en caso donde se les atribuye fraude y peculado por haber autorizado el proyecto sin un respaldo legal.

Fecha de publicación: 23-02-18
Por:   Luisa Paredes elPeriódico
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Los exfuncionarios señalados en el caso Transurbano fueron trasladados desde tempranas horas a la Torre de Tribunales, para presentarse ante el Juez Undécimo Penal, Eduardo Cojulum, en el inicio de la audiencia de primera declaración programada para este viernes dentro del expediente Transurbano.

F:Alex Cruz

El expresidente Álvaro Colom y diez exmiembros de su gabinete fueron capturados el 13 de febrero pasado, señalados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) de cometer los delitos de fraude y peculado, por anormalidades en la autorización del mismo.

Los primeros en ser llevados a la Torre de Tribunales fueron el exmandatario y su exministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Luis Ferraté. Colom dijo que si su defensor así lo aconseja, accedería a hablar ante el juez. Señaló que dicho proyecto fue aprobado debido a una “crisis de ingobernabilidad” porque en un mismo día, fueron asesinados cuatro pilotos de autobuses de rutas distintas, y la decisión fue tomada para “salvar vidas”.

F:Alex Cruz

Sobre el posible involucramiento de la entonces primera dama Sandra Torres para impulsar el Transurbano, aseguró que ella era una “colaboradora del gobierno y era parte del esfuerzo político”, y que su participación “no fue mayor que la de muchos funcionarios y no mayor de la de mucha gente que colaboró”.

Por su parte, Ferraté –quien por orden del juez ha estado internado en un sanatorio privado por complicaciones de salud–, manifestó que su abogado contempla solicitar que se le decrete una medida humanitaria debido a la condición física en que se encuentra.

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Según las investigaciones del MP, los implicados en el caso obviaron procedimientos legales para darle validez al acuerdo gubernativo firmado en el 2009, por el que se otorgó un aporte por Q270 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para financiar el sistema prepago capitalino.

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Los investigadores consideran que con ello se benefició de forma arbitraria a directivos de los transportistas, quienes crearon sociedades anónimas “de cartón” para captar los fondos asignados.

 

 

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