Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Nación

“El Rey del Tenis” y un magistrado detenidos por corrupción judicial

El togado Giovanni Orellana –también capturado ayer– habría recibido un apartamento a cambio de favorecer a profesionales afines a López Villatoro, durante la selección de la actual csj.

Fecha de publicación: 23-02-18
Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis, fue detenido ayer por supuestamente influir en el proceso de selección de magistrados de la actual CSJ. Por: Evelyn Boche elPeriódico
Más noticias que te pueden interesar

El magistrado de Apelaciones Giovanni Orellana Donis y el abogado Roberto López Villatoro, apodado el Rey del Tenis, fueron detenidos ayer por la Policía Nacional Civil (PNC). El Ministerio Público y la CICIG los señalan como responsables en un caso sobre “corrupción judicial” durante la selección de aspirantes a magistrados, en 2014.

Durante más de diez años, López Villatoro –detenido camino a Sanarate, El Progreso– lideró grupos de abogados con miras a ocupar espacios en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que ocupan puestos clave en las Comisiones de Postulación. El primer señalamiento sobre su influencia en esos procesos lo hizo Carlos Castresana, exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2007.

Los indicios concretos de la supuesta influencia de López Villatoro en el proceso de nombramiento de funcionarios judiciales fueron presentados en enero de 2017, cuando el actual titular de la CICIG, Iván Velásquez, informó sobre el trámite del antejuicio contra el magistrado Orellana Donis.

Según el MP y la CICIG, Orellana Donis recibió de parte de López Villatoro un apartamento en la zona 14 “a cambio de favorecer sus intereses en la elección de magistrados” de 2014.

Orellana Donis, electo por el Instituto de Magistrados, integró la postuladora encargada de evaluar los perfiles y seleccionar a los candidatos para el periodo 2014-2019.

En su calidad de comisionado para la selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orellana Donis evaluó y calificó a ocho de los 26 magistrados electos.

Evaluación irregular

Las investigaciones de este caso se remontan a enero de 2017, entonces el titular de la CICIG señaló que las ilegalidades se registraron en el proceso de elección de la actual magistratura de la CSJ, en el cual Orellana Donis fungió como integrante de la terna número ocho de la Comisión de Postulación.

El 2 de septiembre de 2014, Orellana Donis revisó los señalamientos e impedimentos presentados en contra de los candidatos incluidos en la caja número tres, la cual contenía los expedientes del 22 al 32. En esa carpeta se encontraban las postulaciones de los ahora magistrados titulares Vitalina Orellana Orellana, Silvia Verónica García Molina y José Antonio Pineda Barales, así como de los magistrados suplentes Guillermo Demetrio España Mérida, Mario Estuardo Gordillo Galindo y Douglas René Charchal Ramos, ligado a proceso por el contrato fraudulento en la Terminal de Contenedores Quetzal.

Después de la primera revisión de los expedientes, el 4 de septiembre de 2014, la postuladora distribuyó de nuevo las cajas entre las ternas conformadas. Cada terna recibió una caja distinta, excepto la número ocho –integrada por Orellana Donis– que evaluó los currículos de la caja número tres.

Además, en sesiones posteriores –el 11 y 12 de septiembre de 2014, según las investigaciones del MP y la CICIG– la terna número ocho recibió los expedientes del número 144 al 152, entre los cuales se encontraba el de la magistrada de la CSJ Silvia Patricia Valdés Quezada y la magistrada suplente María Consuelo Porras Argueta.

“Por lo tanto, deriva de lo anterior que el magistrado Orellana Donis, en su calidad de comisionado para la selección de candidatos a la CSJ, evaluó y calificó a ocho de los 26 magistrados electos”, detalla el comunicado de la CICIG.

Entre abogados 

Según el MP y la CICIG, el 13 de mayo de 2014, Vitalina Orellana Orellana, actual magistrada de la CSJ, contrató los servicios de la notaria Alba Ruth Sandoval Guerra para realizar un acto de identificación de persona a su favor. También contrató a la notaria Wendy Yesenia Gómez Silva para celebrar, el 30 de marzo de 2015, una compraventa de derechos posesorios de bien inmueble, del cual fue la compradora.

“Ambas notarias son personas que trabajaban con el abogado López Villatoro en cuanto celebraron la constitución de al menos nueve empresas en el año 2014 solamente, todas domiciliadas en la misma oficina que la entidad Lovi & Asociados, evidenciándose así una relación de confidencia y dependencia que los une”, señaló Velásquez en la primera fase de la investigación.

“El hecho de que la magistrada Vitalina Orellana Orellana haya utilizado los servicios de dos notarias vinculadas con el abogado López Villatoro, de entre todos los abogados y notarios del país, denota una relación de confianza y cercanía entre ellos, que deja entrever la posibilidad de que el abogado haya tenido interés en verla alcanzar la máxima autoridad del Organismo Judicial”, amplió entonces la CICIG.

Además, Sandoval Guerra trabajó como asistente de la magistrada Vitalina Orellana Orellana en la Cámara de Amparos y posteriormente como secretaria general de la presidencia de la CSJ, lo que evidencia “lazos de confianza” con la actual magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada, detalló la CICIG.

 

Giovanni Orellana, actual magistrado del Organismo Judicial, integró la Comisión de Postulación de CSJ en 2014.

El apartamento

Orellana Donis es señalado por cohecho pasivo, aceptación ilícita de regalo, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial.

El 25 de febrero de 2015, se inscribieron en el Registro de la Propiedad las escrituras de compraventa de un apartamento y dos estacionamientos adquiridos por el magistrado conjuntamente con su esposa a la familia Escobar Ulloa.

Pero la pareja ocupó el apartamento desde marzo de 2014, cuando era negociado por representantes del Rey del Tenis. El inmueble, que según la CICIG y el MP está valorado entre Q2.5 millones y Q3 millones, fue pagado con cheques de las sociedades anónimas Nico y Aguime vinculadas con López Villatoro, de acuerdo con las pesquisas.

Durante un accidentado negocio inmobiliario, por incumplimiento de pago, la familia Escobar Ulloa expuso su intención de denunciarlos penalmente, pero el abogado Roberto Mínchez –del bufete Lovi y Asociados, que integra el Rey del Tenis– advirtió que dejaran de molestar al magistrado Orellana y a López Villatoro, pues las cortes se alineaban a las órdenes de ellos.

El MP y la CICIG sostienen que cuando López Villatoro se enteró de la investigación en curso, acudió a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad para explicar que la empresa Nico pagó el inmueble mientras el magistrado gestionaba un crédito bancario. Durante las pesquisas se confirmó que un banco del sistema autorizó un préstamo por Q2 millones, pero que ningún dinero se ocupó para pagar el apartamento o como abono a la empresa que pagó por el inmueble.

 

Ayer, a su llegada a tribunales, el magistrado aseguró que tiene documentos para desvanecer los señalamientos en su contra.

 

Nueva comisión

 

José Antonio Pineda Barales, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y uno de los ocho magistrados electos de entre los que calificó el comisionado Giovanni Orellana Donis en 2014, dirige actualmente la Comisión de Postulación para elegir al próximo Fiscal General del Ministerio Público.

El pasado jueves, esa Comisión depuró los expedientes de los candidatos a ese cargo y filtró a los primeros 25 juristas que pasarán a la siguiente fase del proceso. Entre ellos se encuentra la actual magistrada suplente María Consuelo Porras Argueta.

En el anterior proceso de elección de Fiscal General, Porras Argueta integró la nómina de candidatos que la postuladora envió al expresidente Otto Pérez Molina. Fue calificada con 62 puntos y fue la tercera más alta según la tabla de gradación.

Las postuladoras bajo escrutinio

En opinión del analista Marco Antonio Canteo, el caso del llamado Rey del Tenis demuestra que las Comisiones de Postulación son vulnerables a las influencias indebidas y que eso, en sí mismo, es una gran debilidad del modelo de elección de altos cargos del sistema de justicia.

En ese sentido, Canteo considera que la ruta para eliminar esas influencias es una auténtica carrera judicial y modelos de carrera profesional para otras instituciones distintas al Poder Judicial.

“Envía un claro mensaje a potenciales operadores que estén intentando influir en la presente elección de Fiscal General”.

Marco Antonio Canteo, analista.

Etiquetas: