Domingo 23 DE Septiembre DE 2018
Nación

Escenarios y desarrollos previsibles

Fecha de publicación: 05-02-18
Por: Jose Rubén Zamora
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Durante el resto de 2018, fundamentalmente debido a la incapacidad de la coalición en el ejercicio del poder de comprender el momento y el contexto político que Guatemala está viviendo, observaremos un proceso inevitable de ruptura del sistema político.

En las siguientes tres semanas se puede anticipar la denuncia del mandato de CICIG y la expulsión de Iván Velásquez, articulada por el Ejecutivo, con el apoyo político del Congreso, bajo la conducción del alcalde y presidente de facto, Álvaro Arzú, con el respaldo de cúpulas extremistas y de las mafias criminales, esencialmente del narcotráfico.

Esta coalición de intereses, retomaría en mayo el control del Ministerio Público, y a través de grupos paraestatales, provenientes de las entrañas del Estado, elevará la violencia y conflictividad a niveles exponenciales, incluyendo la muy posible ejecución de testigos protegidos en casos de alto impacto, al estilo de lo que observamos absortos y perplejos en el caso El Boquerón en 2007, como bien lo ha anticipado el Juez Gálvez.

Jimmy Morales saldrá de la Presidencia por la puerta de atrás posiblemente a mediados de año, y, detrás de él, Jafeth Cabrera, por la misma puerta, no más de seis semanas después.

Habrá que buscar una salida legal para, una vez más, tener un Presidente de transición o para estar en posición de realizar una convocatoria a elecciones anticipadas.

No pocas empresas y personas de Guatemala, que forman parte de un listado ya confeccionado, tendrán prohibición oficial de realizar negocios de cualquier tipo con los Estados Unidos de América; perderán sus visas, propiedades y activos fijos, cuentas de depósitos e inversión, y acceso a financiamiento.

Estos procesos y desarrollos políticos se basan exclusivamente en la razón, la lógica fría de los grupos en disputa y los intereses en juego, tanto de los Estados Unidos de América como de los grupos de poder en Guatemala.

La única opción –es muy difícil imaginarla y se basa más bien en el corazón, en lugar del raciocinio, los intereses evidentes y la razón– es que la derecha económica y política, seria, civilizada y responsable, junto a la propia CICIG, el MP, las altas Cortes y el propio Congreso, desarrollen un paquete de políticas transicionales orientadas a que quienes han cometido infracciones y delitos puedan allanarse a la majestad de la Ley, reconocer sus errores, indemnizar y resarcir al Estado y a la sociedad apropiadamente y que, en consecuencia, su pena quede en suspenso.

Los casos de corrupción, derivados de los abusos y excesos de poder del Estado; el tortuguismo y la ausencia de transparencia de los procesos burocráticos y la arbitrariedad, discrecionalidad y consecuente extorsión de funcionarios públicos y sus cómplices externos, tal el caso ilustrativo de la SAT y los créditos fiscales, recibirían un castigo severo, mientras las empresas exportadoras serían tratadas, y, si es el caso, juzgadas, teniendo presente las enormes presiones a las que se han visto derivadas de abusos y excesos de poder, impotentes, por décadas, para recuperar su propio capital de trabajo.

Evidentemente, de manera paralela, debería existir el compromiso de que todos los procesos burocráticos del Estado deberían sufrir una transformación radical, convertirse en transparentes y garantizar que estén alejados de la arbitrariedad y la discrecionalidad, que caracterizan al Estado guatemalteco.

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