Viernes 16 DE Noviembre DE 2018
Nación

El “feliz acuerdo” del CIV autoriza pagos a Odebrecht

La cartera negoció el acuerdo con el representante de la empresa brasileña en México, donde fue inhabilitada. Mientras en Guatemala, la constructora reclama más de US$65 millones.

Fecha de publicación: 22-12-17
Por: Ferdy Montepeque elPeriódico
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La Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) siguió al pie de la letra las peticiones de la empresa Norberto Odebrecht, para la terminación prematura del contrato, suscrito en 2012, que la obligaba a reconstruir la ruta de Suchitepéquez a San Marcos. Así se observa en la Resolución 232-2017 del pasado 6 de octubre en la que se autorizó la finalización del compromiso, pero sin afectar los desembolsos a la constructora brasileña por parte del Estado que podrían superar los US$65 millones (Q477.1 millones). Ese es el “feliz acuerdo” del que ha hecho alarde el titular del CIV, Aldo García.

Sin embargo, el documento no habla sobre alguna sanción a Odebrecht, aunque los trabajos de la ruta denominada CA-2 Occidente están paralizados desde el 2 de mayo de 2016 lo cual provocó “un deterioro exagerado” de la carretera, según la misma resolución del Ministerio. El acuerdo obtenido por elPeriódico por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública se resume en tres líneas: “se acepta la renuncia manifiesta por el contratista en lo que respecta a la compensación justa y equitativa a favor del contratista por la terminación prematura del contrato, sin perjuicio de los pagos por los trabajos ejecutados que le correspondan conforme al Contrato”.

De acuerdo con el documento, la solicitud de la terminación del contrato fue hecha por Guillermo Antonio Suárez Solís, representante legal de Odebrecht en México. En ese país la constructora brasileña recientemente fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para obtener contratos en el Gobierno Federal mexicano y en las dependencias del Estado, durante los próximos cuatro años. Mientras tanto en Guatemala, la relación entre el Gobierno y Odebrecht se mantiene intacta y existe una investigación penal en curso.

Si la cartera de Comunicaciones hace caso de nuevo a la constructora brasileña –acusada de pagar sobornos por US$788 millones en 12 países a cambio de contratos públicos–, tendría que hacer un nuevo desembolso millonario, como lo reclama la compañía desde el año pasado “el Estado le debe a Odebrecht más de US$65 millones de obras ya ejecutadas. Estuvimos trabajando de buena fe durante mucho tiempo”, indicó el equipo de esa empresa a este medio, en septiembre de 2016 en un correo electrónico. Según el Banco de Proyecto del Sistema Nacional de Información Pública (SNIP), la obra no se encontraba evaluada para el presente ejercicio fiscal.

Un acuerdo “muy genérico”

Para el contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, la resolución firmada por el director de Caminos, Juan José Hanser Pérez; es un acuerdo “muy genérico que no tiene sustancias concretas” porque en este no se establece los tramos que serán liberados para que el CIV pueda suscribir un contrato con otra constructora para reparar la ruta que conduce de Suchitepéquez hacia la frontera con México en Tecún Umán, San Marcos. Además, no se especifica cómo se hará la recepción y liquidación del tramo ya ejecutado.

Mencos recomendó a las autoridades del CIV obtener un documento que sí tenga validez jurídica, por medio del cual la constructora brasileña renuncie también a los tramos donde no trabajó, los cuales suman 93 kilómetros. Solo así la DGC podrá adjudicar a una nueva empresa la reparación en tres tramos de la ruta que Odebrecht dejó abandonada. Así le recomendó en noviembre pasado la Mesa de Alto Nivel, integrada por la Contraloría, el Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN), el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y Acción Ciudadana (AC), al ministro García.

“Lo que hicimos ese día en la Mesa de Alto Nivel, recomendarle al Ministro que él consiguiera que Odebrecht renunciara expresamente a ese tramo donde ellos no hicieron ningún trabajo. Lo que estamos buscando es que la empresa renuncie, no que hagan esos documentos que nos pusimos de acuerdo y que platicamos, no. Expresamente renunciamos”, señaló Mencos.

Responsabilidad del CIV

El acuerdo para la liberar los tramos no ejecutados, y así licitar la reconstrucción de la carretera es responsabilidad únicamente de las autoridades del CIV y de la empresa contratista, opinó la procuradora general, Anabella Morfín. Agregó que para adjudicar un nuevo contrato se debe obtener una “autorización” de Odebrecht.

El director de Caminos explicó que fue nombrada una comisión de recepción y liquidación de la ruta, la cual entregará un informe pormenorizado de la obra. Después de ese análisis se podrá establecer si existe algún pago pendiente de realizar, explicó Hanser. Agregó que el documento en el que la constructora renuncia a los tramos no ejecutados se incluirá en el acta de liquidación que, según él, estará lista el 19 de enero de 2018.

 

Posponen ofertas

Los tres eventos de licitación que fueron publicados en Guatecompras en octubre para reparar la ruta de 93 kilómetros recibirán ofertas el 26 de enero próximo. La fecha inicial para recibir las propuestas económicas era el 5 de diciembre, pero aún no se cuenta con la documentación necesaria. El costo de la reparación de los tres trayectos se estima en Q306.9 millones, de acuerdo con las estimaciones del CIV publicadas en el portal de adquisiciones del Estado.

La historia del contrato

Hasta que el Ministerio de Comunicaciones no cuente con un documento con el que Odebrecht renuncie a los tramos no ejecutados, no podrá adjudicar un nuevo compromiso para reparar la carretera que suma 19 meses en abandono y que cada día se deteriora más.

> En Guatemala

En 2012 el CIV y Odebrecht firmaron un contrato para la ampliación a cuatro carriles de la CA-2 Occidente. Inicialmente el tramo era de 146.94 kilómetros con un costo de US$399.4 millones.

Desde el 1 de mayo de 2016 los trabajos de la obra están paralizados. El “deterioro exagerado” de la carretera ha provocado incremento en el costo del transporte y accidentes, según un análisis del Ministerio.

En enero pasado, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desobligó US$32.8 millones de uno de los préstamos para financiar la construcción de la obra.

El 5 de octubre de 2017 el representante de Odebrecht en México, Guillermo Antonio Suárez Solís, pidió la terminación prematura del contrato y renunció a la compensación “justa y equitativa” a favor del contratista, establecida en una de las cláusulas del contrato.

Un día después de recibir la solicitud, la Dirección General de Caminos (DGC) del CIV aprobó la Resolución 232-2017 en la que resolvió aceptar la propuesta de Odebrecht.

El 11 de octubre a las 14:38 la Asesoría Jurídica de la DGC recibió la resolución. Horas antes el ministro Aldo García anunció en una citación de la Comisión de Finanzas del Congreso, que el Ministerio había logrado un “feliz acuerdo” con la constructora brasileña”.

El caso Odebrecht en Latinoamérica

En Guatemala el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigan la ejecución inconclusa de la CA-2 Occidente. El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló hace un año que, directivos de la empresa brasileña habían pagado US$18 millones en sobornos en Guatemala, así como en otros 11 países de América Latina.

> Brasil

El pasado 19 de diciembre el expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, salió de prisión tras ser beneficiado con arresto domiciliario. El empresario brasileño fue capturado en 2015 después de que fue señalado de ser uno de los líderes de un entramado de corrupción que pagó al menos US$788 millones en 12 países. Odebrecht había sido condenado a prisión de 19 años por corrupción activa, lavado de dinero y asociación delictiva; pero le fue rebajada la pena de cárcel, a diez años.

> Ecuador

El 13 de diciembre un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador condenó al vicepresidente de ese país, Jorge Glas, a seis años de prisión tras ser hallado culpable de recibir US$13.5 millones de parte de Odebrecht. La misma pena se les impuso al tío del vicemandatario, Ricardo Rivera; y a tres personas más.

> México

Este mes la Secretaría de Función Pública (SFP) de México inhabilitó por cuatro años a la constructora brasileña para obtener contratos con el Gobierno Federal y el Estado. En ese país, además, la Procuraduría General de la República (PGR) investiga una supuesta transferencia de US$1.5 millones de parte de una filial de Odebrecht, a la campaña electoral –en 2012– del ahora presidente Enrique Peña Nieto.

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