Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Nación

Administrar TCQ le costaría US$180 millones al Estado

La diputada Nineth Montenegro criticó la postura de la PGN y señaló que quienes deben resarcir al Estado son los directivos españoles, acusados de pagar sobornos a exfuncionarios para la suscripción del usufructo.

Fecha de publicación: 18-12-17
El Estado tendría que pagar la inversión hecha por APM Terminals, indicó ayer la Procuradora General de la Nación. Por: Ferdy Montepeque elPeriódico
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Para que los terrenos en donde se construyó la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) –ahora APM Terminals Quetzal– vuelvan a manos del Estado, primero debe cobrar firmeza la sentencia que declaró nulos los tres contratos que permiten el funcionamiento de dicha empresa. Posteriormente, los nuevos propietarios deberán recibir un pago no menor a US$180 millones (Q1.3 millardos) que representaría el monto invertido en la infraestructura de la Terminal Portuaria, aseguró ayer la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín.

“Las consecuencias de la declaración absoluta de ese contrato es que las cosas vuelven al estado que tenían antes. Eso significa que el Estado tiene que pagar el valor de lo allí invertido, porque desmontarlo indudablemente no se puede; es infraestructura que ha sido construida, hay condiciones que se generaron para que el puerto operara como tal. Entonces, lo que tendría que hacerse es la estimación de la inversión y a partir de ello el ‘revertimiento’ (…) entiendo que acá la inversión que se ha hecho es de más de US$180 millones”, dijo Morfín en rueda de prensa tras firmar un convenio con el Viceministerio de Prevención de la Violencia, para fortalecer el Programa de Reinserción Familiar.

La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo notificó hace dos semanas el fallo a favor de la demanda de nulidad, planteada por la PGN en contra de tres contratos entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ): uno de usufructo oneroso, la ampliación de este y otro para operación y funcionamiento. Todos fueron suscritos de manera anómala durante la administración del extinto Partido Patriota (PP), según acusación penal presentada en abril de 2016 –antes de iniciar el proceso contencioso administrativo– por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Un proceso limpio

A criterio de Alfredo Skinner-Klée, especialista en temas de arbitrajes internacionales, la PGN hizo “lo correcto” al lograr que la Sala Quinta emitiera una sentencia de nulidad, a pesar de que esta aún es susceptible de casación en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, que el Estado devuelva los US$180 millones a los accionistas de APMT Quetzal no es tan factible. Primero, porque los bienes de TCQ están constituidos en un fideicomiso y porque el Estado no tiene la capacidad para operativizar solo y con eficiencia un puerto, aseguró el abogado.

Skinner-Klée sostuvo que, un procedimiento correcto que le permita a Guatemala no salir perjudicado sería que, después de que la nulidad esté en firme se convoque a un proceso de licitación pública internacional y posteriormente se apruebe una concesión de los terrenos. Un nuevo operador se haría cargo del funcionamiento y del pago de la inversión hecha por los actuales dueños.

Morfin explicó que no se puede desmontar la infraestructura que existe ahora en dicha Terminal de Contenedores.

Un engaño al Estado

La diputada de Encuentro por Guatemala (EG), Nineth Montenegro, quien emprendió un proceso contencioso –sin éxito– para invalidar el contrato de TCQ, criticó las declaraciones de la procuradora Morfín y dijo que desde 2012 el Estado fue víctima de “un engaño escandaloso”; por tanto, sería impensable que el Estado pague por el uso de las instalaciones portuarias.

Montenegro agregó que la Procuradora General está obligada a plantear una contrademanda dirigida a los directivos de la compañía de capital español TCB Group Maritim quienes, según las investigaciones del MP y la CICIG, pactaron el pago de millones de dólares en coimas con exfuncionarios guatemaltecos entre ellos los exmandatarios, Otto Pérez y Roxana Baldetti.

Según la congresista, los dueños originales están obligados a resarcir al Estado de Guatemala y a la empresa APM Terminals, filial del operador de contenedores Maersk Group, que a finales de 2015 compró a TCB.

PGN justifica inacción

Anabella Morfín, procuradora general de la Nación, indicó ayer que en la demanda de nulidad no se especificó el monto de daños y perjuicios en favor del Estado porque la PGN no es “experta” en ese tema. Agregó que solicitaron a la Sala Quinta una ampliación de la sentencia y si esta no es favorable, se planteará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que el Tribunal se pronuncie sobre el resarcimiento por haber suscrito el usufructo sin apegarse a la Ley de Contrataciones del Estado.

“El contrato de TCQ establece que, si el Estado de Guatemala es víctima de un fraude, la empresa deberá resarcirlo”.

Nineth Montenegro, diputada de EG.

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