Sábado 19 DE Enero DE 2019
Nación

Juzgado ordena intervención de Desarrolladora Internacional

La compañía especializada en productos cárnicos de una cadena de supermercados  es investigada.

Fecha de publicación: 13-12-17
Personal del MP y de la SAT frente a la sede de la empresa intervenida ubicada en Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco. Por: Evelyn Boche elPeriódico
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El Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal ordenó la intervención de la sociedad anónima Desarrolladora Internacional DCI. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó que la medida precautoria es resultado de “las acciones iniciadas por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria”.

Los hechos objeto de investigación suponen “la utilización de una serie de empresas de cartón, con las que se simularon gastos para reducir el pago de impuestos”, añadió el ente recaudador mediante un comunicado de prensa.

Con la intervención, la SAT persigue garantizar el pago del adeudo fiscal que se le atribuye a DCI. El Ministerio Público (MP) informó en conferencia de prensa -el pasado 1 de diciembre- que la compañía habría defraudado Q36 millones 332 mil 892.37.

Personal de la SAT acompañados por integrantes de la Fiscalía de Delitos Económicos del MP y agentes de la Policía Nacional Civil, se presentaron a la sede de DCI en Nueva Montserrat, zona 3 de Mixco, para notificar la orden judicial que autoriza la intervención. DCI es la compañía especializada en productos cárnicos de Operadora de Tiendas, S.A.

Embargan cuentas

Como parte de las medidas precautorias, informó la SAT, con anterioridad “se realizó el embargo precautorio de cuentas bancarias y arraigos correspondientes”.

Pasadas las 19:00 horas, DCI divulgó un comunicado en el que expone que “desde casi el inicio de la investigación del presente caso, DCI fue objeto de embargos por cantidades cuantiosas; por lo que consideramos que la intervención judicial y la ampliación de los montos embargados a DCI no se justifican en esta fase del proceso, más cuando la empresa ha colaborado activamente en la investigación”.

La aparente inconformidad es “considerando que no existe decisión judicial a firme alguna que establezca una obligación tributaria para la compañía”.

“Precisamente ante posibles transgresiones a garantías constitucionales y procesales que nos asisten como persona jurídica, desde hace varios meses hemos presentado recursos de amparo y recursos de inconstitucionalidad, para que se garantice el debido proceso y los derechos constitucionalmente reconocidos”, cita el pronunciamiento.

Personal de la SAT se reunió con los directivos de la empresa.

En mayo y agosto de 2015, la SAT denunció ante el MP las anomalías detectadas en las auditorías de 2012.

En el desarrollo de las pesquisas se estableció, según la fiscalía, que DCI utilizó facturas de empresas de cartón, provistas por la estructura liderada por Carlos Estrada Cabrera. Dicha red, disponía de no menos 170 compañías de fachada, para cuya inscripción se requería de la identidad de personas de bajo perfil económico –albañiles y secretarias, entre otros- quienes a cambio recibían Q1 mil 500 mensuales.

Los integrantes de la estructura “vendían sociedades ya constituidas e inscritas con representantes legales y contadores registrados en la administración tributaria, así como facturas a cualquier contribuyente de distintos sectores económicos, quienes las utilizaban para incrementar costos y gastos que no hicieron realmente”, informó el MP.

Las auditorías que la SAT efectuó a DCI permitieron establecer inconsistencias con los proveedores Sagu; Petraria; Comercial de Negocios y Servicios San Miguel; y, Altamira. Estas empresas de fachada se incluyeron como abastecedores DCI, mediante la intervención de exejecutivos de DCI, Jorge Cabezas Goubaud y Atilano de la Cruz Barillas, ambos detenidos a principios del presente mes.  En aquella oportunidad, Operadora de Tiendas y DCI emitieron un pronunciamiento en el que exponen que sus políticas de compra y procedimientos de control “fueron violentados para defraudar al Estado, actuación que condenamos y repudiamos”.

Además, indicaron que Cabezas y De la Cruz ya no trabajaban más para dicha compañía desde hacía varios meses.

Tramitan captura internacional

La Fiscalía de Delitos Económicos efectúa las gestiones para que la Interpol active la alerta internacional que permita la captura de Adalberto Tomás Ortiz Ordóñez, prófugo por defraudación tributaria. Ortiz fue subdirector administrativo financiero en el departamento de Asuntos Administrativos del Ministerio de Finanzas entre 2012 y 2015. También en la Empresa Portuaria Quetzal, donde la Policía lo buscó sin éxito.

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