Domingo 10 DE Diciembre DE 2017
Nación

Juez libera a tripulantes de hidroplano detenidos en Izabal

La resolución del juez de Izabal, Édgar Arteaga, no se ejecutó porque debe resolverse una apelación planteada por el Ministerio Público.

Fecha de publicación: 07-12-17
Los fiscales registraron más de US$1 millón en billetes (aproximadamente Q8 millones) en denominaciones de US$20. Por: Evelyn Boche elPeriódico
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Cuatro hombres vinculados con la interceptación de un hidroplano que transportaba 43 mil 720 billetes de US$20 –una denominación comúnmente utilizada en operaciones de tráfico de drogas– quedaron en libertad y bajo guarda de su abogada, por resolución del juez de Primera Instancia Penal de Izabal.

Hasta el cierre de la edición, la orden judicial no se había ejecutado por carecer de firmeza, pues el Ministerio Público presentó una apelación en los primeros minutos de la jornada de ayer. Al parecer, los sindicados por lavado de dinero tampoco habían pagado la fianza de Q300 y Q150 mil que les fijó el juez Edgar Aníbal Arteaga López.

Se trata de los guatemaltecos Jorge Mario Mejía Juárez y Marlon Alexis Palacios Rivera; y Juan Pérez Montoya y Óscar Alberto Flores Serrano, de nacionalidad mexicana, que tripulaban la embarcación Ashlie Sarai, el 24 de noviembre, la cual fue interceptada por elementos de la Brigada de Infantería de Marina en la playa de Mariscos, Izabal.

Los mexicanos fueron ligados a proceso por lavado de dinero u otros activos y traslado y/o transporte ilegal de armas de fuego; y los guatemaltecos por lavado de dinero u otros activos y hurto.

La fiscalía incautó un US$1 millón 270 mil 110 dólares y 1,956 pesos mexicanos, que transportaban en un hidroplano experimental, sin matrícula. Ambos bienes quedaron bajo resguardo de las autoridades.

A los señalados también se les incautó tres radios portátiles, un casco con visor nocturno, una pistola Marca Glock 17 calibre 9 milímetros y municiones.

Sin domicilio

La Fiscalía Contra Lavado de Dinero informó que el juez de Izabal ni siquiera dictó medida de arresto domiciliario, pues ninguno de los cuatro señalados acreditó una morada fija y permanente, por lo que no tenía un espacio físico para restringir su permanencia. La defensora de los señalados argumentó que no había podido conseguir las constancias laborales que documentaran su arraigo.

El juez dio 24 horas a los sindicados para que presentaran constancias de su residencia –como un recibo de agua, luz o teléfono– para delimitar el área de cumplimiento del arresto domiciliario. Lo que sí determinó el juez Arteaga, fue que los señalados deben presentarse cada 30 días al Juzgado de Paz de Puerto Barrios, Izabal, para firmar el libro de medidas sustitutivas, mientras se dilucida su domicilio.

En el acta judicial sucinta, a los procesados se les prohíbe salir del país, visitar lugares donde expendan bebidas alcohólicas y el consumo de las mismas.

Los cuatro quedaron bajo la guarda del señor Carlos Rafael Rosales Crispín –cuyo vínculo con los procesados no fue esclarecido por las autoridades– y la abogada Marta Rosana Gallardo Rosales, informó el MP. Ella debe informar al juzgado cada mes de la situación jurídica de los sindicados.

La denominación de la moneda incautada abre la posibilidad de un vínculo con traficantes de drogas, pero la fiscalía advirtió que la investigación está iniciando y no se tiene hasta el momento otros indicios que confirmen dicho extremo.

La apelación que presentó el MP, bajo el argumento de peligro de fuga y obstaculización a la verificación de la verdad, podría demorar varios meses en resolverse, pese a que hay plazos legales que deben cumplirse, pero que en la práctica no se respetan, según lo documentó un reciente estudio de Human Rights Watch.

Sin fundamento

En un comunicado de prensa, el MP indica que respeta la decisión del juzgador. Pero advierte, que “no comparte el criterio debido a que estima que existe inobservancia de la Ley, ausencia de una clara y precisa fundamentación de la decisión y motivación de la misma, violación al debido proceso y de la acción penal”.

US$1

Millón 270 mil 110 fueron incautados en el hidroplano.

Q300

Mil fue la fianza fijada a dos de los cuatro sindicados.